Así fue explicado en un debate organizado por la agencia Servimedia sobre cómo las personas con discapacidad intelectual pueden vivir en comunidad. Las primeras en conseguirlo este año serán 12 personas de Canarias, que en junio transitarán de su residencia a viviendas inclusivas, "siempre con los apoyos precisos". En octubre lo harán otras 12 en Cataluña, las mismas en Extremadura y otras tantas en Cantabria.

Sofía Reyes, técnica de Plena Inclusión España y coordinadora del proyecto 'Mi Casa', explicó que las pioneras fueron tres mujeres en Murcia, que ya viven de forma independiente en una casa "que ellas mismas han elegido entre varias posibilidades". A su juicio, estos pisos “son socialmente más rentables” y se ajustan a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que apuesta por la promoción de la vida independiente.

Según explicó Reyes, en 2016 Plena Inclusión puso en marcha la estrategia 'Todos somos Todos', dentro de la cual se llevó a cabo un estudio sobre el grado de institucionalización de las personas con discapacidad intelectual en España.

De acuerdo con sus resultados, más de la mitad de estas personas con mayores necesidades de apoyo vivían en residencias. "Esto supone que comparten pisos con 20 o 30 personas y que incluso comparten habitación", indicó.

Un año después, la ONU emitió un informe donde instaba a España a avanzar en la desinstitucionalización del colectivo y en 2019 volvió a insistir en ello. Es ahí donde nace el programa 'Mi casa', inspirado en las experiencias de Gales (Reino Unido), que lleva desde 1992 trabajando en la desinstitucionalización de estas personas.

En 'Mi Casa' participan Plena Inclusión y todas sus entidades federadas junto a las administraciones autonómicas, que son quienes tienen transferidas las competencias en vivienda. Un total de 12 están ya implicadas con el proyecto, "cada una a su ritmo", y otras cinco lo harán dentro de poco. Las asociaciones participan directamente en la gestión del programa y cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

CERRAR EL CÍRCULO

El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio, Jesús Celada, destacó durante el debate el apoyo de su departamento al programa. "Nos pareció un proyecto interesante porque supone cerrar el círculo. Hace décadas conseguimos que las personas con discapacidad intelectual salieran de sus casas y fueran a las residencias y ahora tenemos que conseguir que se integren en estas viviendas", explicó. Además, es "aplicable a todas las discapacidades porque al final todos buscan lo mismo: la vida autónoma", recalcó.

Ahora bien, Celada subrayó que para que esto sea posible y "avanzar hacia una vida más independiente" de estas personas, es preciso "regular la figura del asistente personal". Precisamente, la Dirección General de Políticas de Discapacidad y el Imserso tienen previsto organizar un congreso este mismo año "para buscar soluciones" en esta línea.

Celada también reivindicó la necesidad de reformar el Código Civil para reemplazar la figura de la tutela judicial por la de la curatela, "que da mucha más autonomía y capacidad jurídica".

Por su parte, el director del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), Miguel Ángel Valero, destacó la importancia de la teleasistencia avanzada y de "recurrir a la tecnología adecuada" para conseguir una vida autónoma, y subrayó su apuesta por la accesibilidad.

Finalmente, Carmen Gil, que es madre de un joven de 31 años con autismo severo, reclamó el derecho de estas personas a vivir de forma independiente. "Porque nadie con 31 años quiere estar todo el día con sus padres y ellos tampoco", dijo. Su hijo pasa los fines de semana en un piso tutelado con jóvenes con síndrome de Down que "se han convertido en sus apoyos, en gente que lo ayudan y de quienes aprende".

SALE RENTABLE

Según el director del programa Habitat de RAIS Fundación, Roberto Bernad, la estancia en la comunidad (en pisos con los debidos apoyos) "sale además rentable en términos económicos".

Señaló que una investigación francesa demostró que el Estado se ahorra 1.500 euros por persona al año por cada persona sin hogar alojada "en comunidad" (en comparación con su estancia en un albergue), "teniendo en cuenta todos los servicios sociales asociados".

En España, RAIS Fundación ha determinado que la permanencia en viviendas al uso reduce un 50% la sobreutilización de las urgencias hospitalarias, en favor de la Atención Primaria.

Desde 2014, RAIS Fundación lleva a cabo un proyecto de vivienda con apoyo basado en la metodología Housing First (la vivienda primero), que apuesta por sacar a estas personas de los albergues y ayudarles a vivir en casas normalizadas.

Adujo que el sistema de atención tradicional considera que no saben vivir de forma autónoma y, por eso, se les presta ayuda en forma de escalera, "de manera que según van cumpliendo compromisos adquiridos, consiguen más niveles de independencia". "Nosotros quisimos darle la vuelta, y empezar primero por facilitarles una vivienda para desde allí iniciar la recuperación", afirmó Bernad.

De este modo se evita "la infantilización" de estas personas y "su excesiva dependencia" del sistema. "Si no se les permite tomar decisiones (qué comer, cuándo ducharse...), cuando tratemos de que adquieran autonomía nos vamos a encontrar con muchos problemas", concluyó.