El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicitaba en total 176 años para los 12 acusados: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Junqueras está acusado de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, al igual que los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que se encuentran también en prisión preventiva. Para ellos, el ministerio público pide 16 años de cárcel.

Forcadell, Sànchez y Jordi Cuixart están acusados de rebelión, pero no de malversación, al no considerarles responsables del desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Pese a ello, el ministerio público entendía que actuaron como “promotores o jefes” de la rebelión y pedía al inicio del juicio 17 años de prisión para cada uno.

Las penas que solicita la Abogacía del Estado son sensiblemente inferiores. Suman en total 120 años para los 12 acusados en este juicio. La Abogacía atribuía de manera provisional a los líderes del `procés´ delitos de sedición y malversación y excluía el de rebelión. Así, pide para Junqueras 12 años de prisión y 11 y medio para los exconsejeros Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa, mientras que para Forcadell solicita 10 años de prisión.

A los `jordis´ les considera autores de un delito de sedición pero sin el agravante de autoridad, por lo que solicita para ellos ocho años de prisión. Para los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden siete años de prisión por malversación y desobediencia grave.

La acusación popular ejercida por Vox atribuye delitos de rebelión, organización criminal y malversación a Junqueras, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn y pide para ellos 74 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y otros 20 años de inhabilitación especial. A Sànchez, Forcadell y Cuixart les acusa de rebelión y organización criminal y solicita para ellos 62 años de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y 20 más de inhabilitación especial. A Borrás, Mundó y Vila les acusa de organización criminal y malversación y pide penas de 24 años de cárcel, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y multa de 216.000 euros. Vox elevará estas conclusiones iniciales a definitivas también el día 3.