En un escrito registrado este lunes y dirigido a la Mesa del Congreso, varios diputados de Junts expresan su disconformidad con la decisión tomada el pasado 24 de mayo de declarar automáticamente suspendidos en sus derechos y prerrogativas a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull.

Entienden que la suspensión de un diputado no es competencia de la Mesa sino del Pleno, previa elevación de la propuesta razonada por parte de la Comisión del Estatuto del Diputado, según los artículos 48.2 y 48.3 del Reglamento del Congreso. Además, añaden, esa suspensión solo procede si la Cámara ha concedido previamente el suplicatorio, que debe ser acordado por el Pleno, previo examen de esa misma Comisión.

Pese a las "rocambolescas interpretaciones del Tribunal Supremo", denuncian, la Sala estaba obligada a poner en conocimiento del Congreso la existencia de causa pendiente contra diputados y senadores procesados. El problema, dicen, es que la ley obliga a que el proceso quede suspendido desde la comunicación hasta que las respectivas cámaras resuelvan lo que tenga por conveniente, y el Tribunal Supremo ha decidido no pedir suplicatorio "para no tener que suspender el juicio". Pero la Mesa, al decidir suspender a los diputados, asume unas funciones que no le corresponde, "contra legem".

En un sistema en el que rige la separación de poderes, argumenta Junts, al suspender a los diputados en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "debemos precisar que se trata de una norma procesal general que corresponde en exclusiva a los tribunales de justicia y no a las cámaras legislativas". "El Tribunal Supremo no ha acordado la suspensión porque entiende que no puede hacerlo en méritos de la separación de poderes", aseguran.

Además, precisan que ese artículo de la LECrim no es aplicable por estar circunscrito a supuestos de terrorismo. Denuncian, así, que la decision de la Mesa "ha ignorado por completo la interpretación constitucional que limita el termino 'rebelde' a los efectos de aplicar el artículo 384 bis de la LECrim a supuestos de bandas terroristas y armadas".

Denuncian que la decisión de la Mesa afecta a los derechos de esos diputados a la participación directa como diputados en asuntos públicos, al derecho fundamental a la representación política de quienes les han elegido, al acceso a cargos públicos, así como a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la legalidad en materia penal.

Solicitan por todo ello a la Mesa la reconsideración de su decisión y la adopción de medidas para salvaguardar los derechos, deberes y prerrogativas de esos diputados, dejando sin efecto la suspensión y declarando su "falta absoluta de competencia" para tomar esa decisión.