Según consta en el escrito al que ha accedido Servimedia, ERC pide que se cancele la decisión que adoptó ayer la Mesa del Congreso para suspender a los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull, que se encuentran en privisión preventiva al estar siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el desafío independentista de otoño de 2017.

Junqueras reclama a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que “adopte de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas” de los cuatro diputados presos.

Batet anunció ayer que la Mesa de la Cámara da por "automáticamente suspendidos", desde el pasado martes en que adquirieron tal condición, a los cuatro diputados independentistas catalanes que se encuentran en prisión preventiva por el juicio del 1-O.

La decisión de la Mesa estuvo respaldada por los votos del PSOE, Ciudadanos y el PP, que tras tres días de forcejeo político se apoyaron en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja para suspenderlos de manera automática desde el mismo día en que tomaron posesión de su cargo en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula la suspensión para procesados mientras se encuentran en prisión, y no del Reglamento del Congreso.

El informe del secretario general del Congreso concluyó en un texto de 10 páginas que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez debían ser suspendidos de los derechos y obligaciones de los parlamentarios de forma retroactiva, desde el 21 de mayo. Determinaba también que la decisión debía adoptarse en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del Reglamento de la Cámara baja, como querían PP y Ciudadanos.

El desenlace de esta pugna se produce después de que el Tribunal Supremo devolviera a la Mesa del Congreso la patata caliente de ejecutar las suspensión y de negarse a elaborar un informe jurídico sobre el particular, más allá del emitido el pasado 14 de mayo.

Ahora la Mesa tiene sobre el tapete decidir sobre un asunto que se avecina peliagudo. En su próxima reunión del lunes, el órgano de gobierno de la Cámara tendrá que determinar el alcance de esa suspensión y, en el caso de que ninguno de los parlamentarios suspendidos sean sustituidos, determinar cuál será el cómputo de la mayoría absoluta. Si el número total de escaños bajara de 350 a 346, la mayoría absoluta se alcanzaría con 174 diputados.

TRIBUNAL SUPREMO

El pasado 14 de mayo el Supremo se pronunció sobre el futuro de los cinco presos electos. Les permitió culminar los trámites para la adquisición de la condición de parlamentarios, rechazó la petición de libertad hecha por sus defensas y descartó también pedir a las Cortes un suplicatorio para continuar el juicio contra los acusados que han obtenido escaño como diputados y senador.

En los comicios generales resultaron elegidos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull como diputados y Raül Romeva como senador. Todos ellos ya han recogido sus actas de parlamentarios y acataron la Constitución en la sesión constitutiva de las Cortes convocada para el 21 de mayo.

El Tribunal Supremo, por tanto, se puso de perfil y volvió a dejar en manos de las Cámaras legislativas (Congreso y Senado) la decisión final sobre la suspensión de los cinco políticos presos, tras el envío de un oficio el pasado 20 de mayo a las Cortes Generales en el que pedía que se pronunciara sobre este extremo y, en su caso, acuerde la suspensión.

El oficio remitido por el Supremo especificaba que los parlamentarios se encuentran en prisión preventiva y que están siendo juzgados, por lo que acudirían bajo custodia policial, por el tiempo imprescindible para cumplir con el mandato de toma de posesión y recordaba que el artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados estipula que si un diputado está en prisión preventiva deberá ser suspendido de “sus derechos y deberes parlamentarios".

La sala entendía, por tanto, que la decisión sobre la suspensión de los electos presos corresponde a las Cámaras y son éstas las que deben adoptar las medidas oportunas, puesto que una orden del TS supondría una “injerencia” en las competencias del poder legislativo. No estaba descartada tampoco la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que estipula la suspensión para procesados mientras se encuentran en prisión y cuyo contenido reafirma en la comunicación de este jueves.

Además, la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer miércoles un escrito a la sala que juzga el 1-O en el que solicitaba que se inste la suspensión en sus funciones de los cinco parlamentarios, una vez cumplidos los trámites de toma de posesión de sus cargos, en aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim.

Ese artículo dispone que una vez “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. El Tribunal Supremo dará respuesta a la petición de la Fiscalía, pero lo considera mucho menos urgente que la respuesta a la Mesa del Congreso.