CSIF emitió un comunicado en el que denunció que el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, “sin previo aviso”, ha rechazado renovar la Tarjeta de Identidad Especial de estas funcionarias españolas, destinadas en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dependiente de la Embajada, y que están a punto de jubilarse.

Este colectivo reclamó explicaciones y pidió al Gobierno que interceda después de que Bélgica considere que estas ocho funcionarias “llevan demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el país”, lo que les deja sin consideración de personal diplomático, pasando a ser empleados administrativos.

CSIF explicó que la no renovación de estas tarjetas provocará que tengan que pagar sus impuestos en Bélgica (hasta ahora lo hacían en España), lo que les reportará “una importante pérdida de poder adquisitivo” y les dejará sin inviolabilidad diplomática, tanto en su persona como en sus domicilios.

Ante esta situación, reclamó en un escrito remitido al Ministerio de Trabajo que se actúe para “defender con urgencia” los derechos de estas funcionarias, lo que fue contestado por el departamento dirigido por Magdalena Valerio con una apuesta por extender la acreditación de estas funcionarias por un número limitado de años, lo que solucionaría este problema.

Por último, remitirá toda la información al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (competente para la interlocución con Bélgica) para que haga “cuanto esté a su alcance para buscar una solución satisfactoria para este personal”.