La defensa llamó a Vintró para neutralizar los indicios que pudieran indicar que Mundó podría haber incurrido en malversación de fondos públicos. La testigo aseguró que el exconseller tenía "delegadas" las atribuciones sobre contratación en función de del importe de las adjudicaciones.

Indicó que para tramitar cualquier expediente sencillo en su departamento “se necesitan al menos seis meses para cerrar los contratos”. Asimismo, señaló que tras el 1-O hubo "muchas solicitudes de información" por parte de distintos órganos judiciales sobre los posibles gastos que pudieran haber tenido relación con el referéndum y que todas ellas se atendieron.

Finalmente, la testigo preguntada por si tenía órdenes de no incurrir en gastos relacionados con el referéndum, afirmó que tenía "instrucciones concretas" de que no se impulsara ningún expediente relacionado con el referéndum. Sobre quien le transmitió esa instrucción dijo que le advirtieron que “era por orden del conseller".