La multa de Naturgy Generación asciende a 19,5 millones por la comisión de ocho infracciones graves de la ley del Secto Eléctrico con la presentación de precios elevados en las ofertas presentadas en ocho centrales de ciclo combinado.

Según la CNMC, dichas ofertas resultaron superiores a las presentadas en el mismo periodo por las centrales de ciclo combinado de similares características pertenecientes a otros titulares y fueron superiores a sus costes marginales.

Dicha actuación se tradujo en valores "anormales y desproporcionados que alteraron el despacho de generación de electricidad" e impidieron además la programación de las centrales en el mercado diario durante varios días en dicho periodo, a pesar del contexto generalizado de precios elevados que debería haber conducido justo a la situación contraria.

Según la CNMC, la conducta sancionada se llevó a cabo por parte de Naturgy Generación teniendo en cuenta que las características de las zonas en la que se encuentran esas centrales hacían que su programación fuese necesaria con una alta probabilidad.

Conforme a su investigación, en varios días del período comprendido entre octubre de 2016 y enero de 2017 en los que las centrales se encontraban disponibles, las ofertas no fueran casadas en el mercado diario, siendo necesario su programación posterior en el proceso de restricciones técnicas, "produciéndose una alteración del despacho de generación y obteniendo Naturgy Generación, de esta forma, unos ingresos superiores".

Las centrales involucradas fueron Besós 4 y Puerto de Barcelona 1 y 2, que se encuentran en la zona de Cataluña, Sagunto 1, 2 y 3 en la zona de Levante Norte, Málaga 1 en la zona Andalucía Oriental y San Roque 1 en la zona de Campo de Gibraltar.

La situación es similar con Endesa Generación, a la que sanciona con 5,8 millones por dos infracciones graves cometidas por la misma actuación en las centrales de ciclo combinado de Besós 3 y Besós 5 en Cataluña.

También en este caso la CNMC sostiene que Endesa Generación tuvo esta conducta aun teniendo en cuenta que las características de la zona en la que se encuentran ambas centrales, en la zona de Cataluña, presenta habitualmente problemas de seguridad zonal y, por esta razón, entre octubre de 2016 y enero de 2017 se convocó todos los días el proceso de restricciones técnicas.

Contra ambas resoluciones las compañías podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.