Las preguntas derivadas del supuesto gasto de dinero público con motivo del referéndum del 1-O, hecho que motiva la acusación por delito de malversación, protagonizaron el interrogatorio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado al director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve. El testigo explicó que en enero de 2019 recibió una notificación del Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable, con motivo de los gastos ocasionados en relación al referéndum.

Sin embargo, apuntó, “el gabinete jurídico después de analizar todas las partidas por las que se reclama responsabilidad contable, se ha puesto a disposición del tribunal porque no encuentra ninguna responsabilidad”. En esta línea, también rechazó que existiese algún expediente de contratación que vinculase a la Generalitat con la empresa de mensajería Unipost. “Se ha comprobado que diferentes departamentostenían un contrato marco, pero no existe un expediente de contratación, ni factura pendiente, ni afectación presupuestaria al presupuesto de la Generalitat. Esta partida correspondiente a Unipost no aparece como gasto relacionado al 1-O”, afirmó. Posteriormente, recordó que Unipost no hizo “ningún tipo de reclamación de pago”.

Sobre este asunto, a preguntas de la Fiscalía, reconoció que se emitieron unas facturas proforma, algo que conoció como consecuencia de las gestiones que realizó para contestar al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, “formalmente no consta ningún compromiso de gasto”, insistió. “De manera que informalmente puede constar”, aseguró la fiscal Consuelo Madrigal, ante lo que fue interrumpida por el presidente de la sala, Manuel Marchena. “No iniciemos una discusión sobre el carácter formal o material, por favor”.

Asimismo, en relación a los anuncios emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) explicó que a finales de 2017 el departamento de Presidencia recibió dos facturas correspondientes a los anuncios de las vías del tren, sobre el derecho a decidir. “Las facturas se recibieron por correo electrónico y no por la aplicación”. Según detalló, el gabinete emite un informe jurídico en el que se justifica que se debe proceder a la devolución de las facturas porque su carácter es gratuito, ya que la emisión de estos anuncios estaba enmarcada en el convenio suscrito con la CCMA, según el cual tiene que hacer publicidad de las actuaciones que el Gobierno le solicite.

A pesar de ello, continuó, la corporación reclamó el pago de las facturas en enero de 2019. “Ante esta discrepancia se inició un procedimiento de revisión de oficio del encargo de emisión de anuncios” y se determinó, resaltó, “la nulidad del cargo efectuado”. Posteriormente, resaltó que se entendió que las campañas estaban incluidas en el convenio, pero el motivo de la nulidad de las facturas no fue este, subrayó, sino que "se prescindió del procedimiento legalmente establecido”.

Además, remarcó que la campaña ‘Civisme’ no estaba incluida en estos anuncios, ya que se trataba de un contrato marco, “con un plazo de ejecución superior y un público diferente”, que además quedó desierto. “Está mezclando las facturas de ‘Civisme’ con las de la CCMA”, indicó el testigo a Madrigal.

En esta línea, el director del gabinete jurídico de la Generalitat destacó que tampoco hubo “ningún encargo, ninguna reserva de crédito, de afectación presupuestaria en relación a la cartelería o sobres del referéndum del 1-O”. Sobre este asunto aseguró, a preguntas de la fiscalía, que supo con posterioridad que se emitieron tres facturas negativas, pero que no ha valorado si esto supuso una donación negativa a la Generalitat. Posteriormente, a preguntas de la Abogacía del Estado, explicó que los departamentos responsables no le han indicado los motivos de las facturas negativas. “Desconozco los motivos de estas facturas negativas”, subrayó ante la insistencia de Rosa María Seoane.

REFERÉNDUM

Por otra parte, Esteve recordó que fue secretario general de la Consejería de Gobernación entre 2015 y junio de 2017. Sobre lo que indicó que no ha tenido que dar cuenta de ningún gasto de este departamento del Tribunal de Cuentas. “En el departamento de Gobernación nunca hubo ninguna intención de destinar dinero público al proceso refrendario”. En este mismo sentido se pronunció en relación al departamento de Justicia.

En relación al coronel Pérez de los Cobos, resaltó que “no es cierto” que se impugnara su nombramiento, “sino contra órdenes verbales de convocatorias de reuniones en virtud de la instrucción número cuatro de la Fiscalía”, ya que, según apuntó, no se documentaban adecuadamente las reuniones de coordinación. Estas acciones, explicó, fueron fruto de una petición del departamento de Interior.

Por otra parte, Esteve explico que el gabinete jurídico emite un informe de carácter consultivo de los requerimientos judiciales recibidos, de manera que cuando reciben las interlocutorias del Tribunal Constitucional “se informaba a los departamentos correspondientes”. Sin embargo, tras la insistencia de la Fiscalía sobre si emitió un informe recomendando la desconvocatoria del referéndum, el testigo afirmó que “nadie se dirigió a mí para que realizará un informe específico sobre la convocatoria del referéndum”. Además, apuntó que “después del 6 de septiembre si hubiese tenido algún requerimiento de alguna actividad que hubiera podido tener un reproche penal, lo hubiera comunicado”.

Durante su declaración, Esteve también detalló que durante los registros del 20-S estuvo en contacto durante todo el día con el entonces conseller de Presidencia, Jordi Turull, quien le dijo que “por parte del gabinete jurídico se facilitara en todo momento la actuación policial en todos los departamentos que estaban siendo objeto de registros”. Una orden que, según aclaró a preguntas de la abogacía del Estado, fue verbal. En este sentido, insistió en que “la Administración de la Generalitat cumplió escrupulosamente todo los requerimientos que recibió de policía, guardia civil, fiscalía y TSJC. El señor Turull había hablado de la necesidad de prestar todo el apoyo a las comitivas judiciales”. El 20-S, explicó, estuvo presente en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y en el Instituto de Estudios del Autogobierno, dependiente del departamento de Presidencia, desde donde mantuvo informado al conseller de todo lo que iba sucediendo.

Además, destacó que el día 29 recibió una llamada del director gerente del CTTI, porque había recibido un requerimiento del TSJC ordenándole el cierre de 27 aplicaciones. “Se clausuró indiscriminadamente cualquier aplicación que tuviera relación con bases de datos personales”, aseguró. Así, detalló, dado que era “muy difícil” el cierre inmediato de las 27 aplicaciones, “se consensuó con la guardia civil que durante todo el sábado 30 se iría dando cuenta del cierre, haciéndolo costar en un acta, en total se cerraron 26, porque una hacía referencia al registro de entrada y salida de la Generalitat y se explicó que su cierre podía causar perjuicios al funcionamiento de la Administración”. Sin embargo, el 1-O el CTTI volvió a ser requerido por el TSJC para que cerrara la red wifi de todos los centros educativos públicos de Cataluña, algo que, explicó, “se hizo inmediatamente”.

Durante la sesión también declaró como testigo el inspector de los Mossos d’Esquadra, responsable de la unidad regional de reacción y dispositivos, quien testificó sobre las manifestaciones de otoño de 2016 delante del TSJC, como consecuencia de las declaraciones sumariales del proceso del 9-N. Según detalló, en aquellas concentraciones, convocadas por ANC y Ómnium, “no hubo violencia”, pese a que aquello estaba “lleno, desbordado”. Además, apuntó, a preguntas de las defensas, que hubo un pasillo de voluntarios para el acceso de las autoridades “que venían desde el palau de la Generalitat en una manifestación”. Por aquel pasillo, recordó, “pasaron ellos y la prensa”. Sin embargo, a preguntas de la Abogacía del Estado, reconoció que el pasillo de seguridad que había delante de la fachada de la sede judicial estaba organizado por los Mossos d’Esquadra.

Asimismo, destacó que, posteriormente, el 21 de septiembre de 2017 hubo una nueva concentración delante de la sede del TSJC que duró aproximadamente 30 horas. “Hemos hecho muchas por muchos temas en ese sitio”, subrayó.