Ésta es la principal conclusión del informe 'Autorizaciones de pesticidas prohibidos', elaborado por Ecologistas en Acción y presentado este jueves en una rueda de prensa en Madrid. El estudio indica que en España se han concedido usos de estos productos de forma rutinaria, continuada y a veces antes de que aparezcan plagas en las cosechas.

Un reglamento europeo de 2009 prohibe comercializar sustancias activas (y los plaguicidas que las contienen) clasificadas como mutágenas, cancerígenas otóxicas para la reproducción, o las que pueden causar daños por su capacidad para alterar el sistema hormonal. Sólo en situaciones excepcionales de plagas en las cosechas se prevé que las autoridades concedan autorizaciones excepcionales para el uso de plaguicidas no autorizados y prohibidos por su elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.

Koldo Hernández, portavoz del Área de Contaminación Química de Ecologistas en Acción, indicó que esas autorizaciones sólo deben hacerse cuando "hay una plaga que no pueda controlarse por otros medios". Esa emergencia tiene que estar científicamente justificada y el permiso se concede para usos concretos, en zonas limitadas y como mucho para 120 días.

Sin embargo, el estudio muestra que en España se concedieron 365 autorizaciones excepcionales de plaguicidas entre 2013 y 2017 (76 en 2013, 92 en 2014, 71 en 2015, 63 en 2016 y 63 en 2017), y entre abril y julio del año pasado se otorgaron al menos 38, 10 de los cuales no estaban autorizados por su elevada toxicidad y 15 fueron identificados como disfruptores endocrinos por su capacidad de alterar el equilibrio hormonal y la fisiología.

El informe investiga casos concretos de las autorizaciones excepcionales de dos plaguicidas prohibidos por su toxicidad: el 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina. En ambos casos, los permisos se repiten año tras año, con anterioridad a la época de plagas, sin justificar la existencia de una plaga y con la única base que la de no tener sustitutos eficaces.

"Las autorizaciones se repiten año tras año y no está favoreciendo que haya investigación para fomentar alternativas. Esos productos de una u otra forma van a la cadena alimentaria", añadió Hernández.

Este portavoz de Ecologistas en Acción denunció que esas autorizaciones "deberían justificarse mucho más, estar mucho más controladas y darse en casos excepcionales". "Una plaga se da habitualmente en una población o una explotación agraria y las autorizaciones cubresn provincias o una comunidad autónoma en la mayoría de las ocasiones", apostilló.

Por su parte, Fernando Pérez, miembro de Ecologistas en Acción y autor del estudio, indicó que el año pasado hubo autorizaciones excepcionales de uso de plaguicidas para 120 días en Andalucía, Castilla y León, y Comunidad Valenciana, lo que equivale a que se declarara "el estado de emergencia" en cerca de la mitad de España. "Los agricultores cultivan según lo que les han enseñado y el Ministerio de Agricultura debería dar una información más objetiva", dijo.