Se trata de la sexta prórroga de un contrato que tendrá vigencia hasta 2021 y que permitirá seguir trabajando en la atención de personas con discapacidad intelectual, ligera y límite, con graves trastornos de conducta, según una nota de prensa de la Comunidad.

Desde que se licitó el contrato, en 2007, la entidad adjudicataria ha prestado el servicio con plena satisfacción y cumpliendo estrictamente las condiciones pactadas, según el Gobierno autonómico, que añadió que con esta prórroga se pretende evitar que los usuarios de estos centros vean menoscabada la calidad en la prestación del servicio público que han estado recibiendo desde la entrada en vigor del contrato.

El Ejecutivo regional indica en la nota que "la atención a las personas con discapacidad es prioritaria para la Comunidad de Madrid, con el objetivo de defender sus derechos y libertades y fomentar la autonomía personal y su plena inclusión en la sociedad".