“Deterioros ocultos en la entidad, a mí no me consta”, defendió durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011 y la fiabilidad entonces de sus estados contables.

Durante su intervención indicó que el Banco de España consideró “un plan sensato” la fusión liderada por Caja Madrid y Bancaja que dio lugar a Bankia y que posteriormente saldría a cotizar para alcanzar los nuevos requerimientos de capital fijados por el Gobierno, con la aprobación del proyecto por parte del supervisor y el Ministro de Economía.

“El proyecto para nosotros era viable. Si no, no lo hubiéramos aprobado”, afirmó Aríztegui, quien desveló que el supervisor pidió incluso a los responsables de BFA y Bankia que fuesen a Economía y se lo contasen “a fondo” sin que presentasen “ninguna cautela” o reparo “especial.

En el momento de expedir su respaldo reconoció que ya se barajaba que podría salir a cotizar a unos 5 euros, muy por debajo del valor contable, ya que los bancos de inversión habían avisado de la necesidad de bajar el precio para cerrar con éxito la colocación.

En este punto reconoció que no se había fijado un umbral mínimo para abortar la operación, cuyo fracaso hubiese supuesto un riesgo alto de nacionalización. “Echar para atrás un proceso de este tipo significaba una altísima probabilidad de tener una nacionalización (…) No nos lo planteamos porque iba encajando” el proceso, refirió.

Finalmente se colocó a 3,75 euros, con un descuento del 60% sobre el valor en libros, que tal y como reconoció perjudicaba a su matriz BFA por la fuerte pérdida que suponía sobre el valor al que tenía anotada su inversión en Bankia, por lo que el supervisor trasladó a su “gerencia” que “esto hay que arreglarlo” y estabilizar la matriz.

A finales de 2011, el banco empezaría ya a trabajar en dicho proyecto pero reconoció que por entones la recesión había extendido en el mercado la convicción de que la banca española escondía pérdidas, sobre todo, por la alta exposición inmobiliaria con inmuebles en garantía que se habían depreciado sin que se reconociese su valor.

El Banco de España consultó a tal efecto a Blackrock y de ahí surgió una estimación de que la banca precisaba 60.000 millones de euros en provisiones que daría origen al primer decreto de saneamiento conocido como ‘Guindos I’.

Aríztegui indicó que el organismo supervisor consideró que el primer plan de capitalización presentado por Rato para cubrir dichas demandas se encontraba “bien enfocado”, aunque quiso fortalecerlo con la demanda de medidas adicionales en materia de gobernanza y desinversiones en activos.

Asimismo, le pidieron saneamientos adicionales “por prudencia” y porque “los mercados estaban muy nerviosos, muy convulsos”, “no porque hubiese activos mal contabilizados”, si bien no recogió esta última solicitud en un documento para evitar que una filtración avivase el temor del mercado.

Llegará entonces al ‘Plan II de Rato’ donde Bankia apunta su compromiso de añadir 6.000 millones de euros adicionales en provisiones y solicitar 7.000 millones de capital al FROB, aunque este plan no llegaría a cerrarse al agravarse la situación con el banco y precipitarse la dimisión de Rodrigo Rato, aunque apuntó que las ideas apuntadas en un primer borrador “estaban bien pergeñadas”.

Entre medias es cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace público un adelanto del informe elaborado sobre España y el sistema financiero, al que Aríztegui responsabilizó de azuzar las dudas sobre la entidad.

El exgobernador del Banco de España calificó de “disruptivo” dicho informe. “Hasta donde yo conozco, el FMI no suele hacer anticipos de resultados (…) y no conozco ningún caso en el que elípticamente, pero que lo entendió el mercado, se nombre a una entidad. Para mí fue sorprendente”, desveló, indicando que en el borrador “no aparecía esa expresión”. “Sorprendió y en el mercado alarmó. El mercado financiero es un sitio donde el rumor financiero circula a una velocidad de vértigo”, relató.

La siguiente fase ahí, y una vez que Rato había dejado sus cargos, Europa impuso a España una revisión de los balances de la entidad para verificar la calidad de los activos y chequear si escondían morosidad por las refinanciaciones efectuadas durante la crisis, que “sentó fatal” entre los inspectores del Banco de España al cuestionar su labor.

Aríztegui considero que el análisis efectuado por Oliver Wyman y Roland Berguer, donde se pudo número al déficit de Bankia que determinó su posterior recapitalización y nacionalización, fue un “ejercicio brutal” porque utilizó unos supuestos de caída de PIB, valor de los inmuebles y mercados que “nunca” se habían utilizado en el mundo “a ese nivel de exigencia” y tampoco se habían dado en España pese a sufrir dos graves crisis previas.

Por otro lado, criticó que se asumiese con ese ejercicio que las refinanciaciones eran malas y enmascaraba los activos morosos o problemáticos bajo apariencia de sanos, cuando su utilización es incluso una práctica prudente cuando hay crisis para facilitar el repago de la deuda y evitar mayores pérdidas. En el caso de Bankia indicó que además tenía pocas refinanciaciones, en relación al conjunto del sector financiero.