En declaraciones a Servimedia, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, subrayó que la “clave política” de esta organización no es “más libertad en el mercado para que las empresas decidan cómo tienen que funcionar y competir”.

“Ese es el espíritu del discurso conservador de toda la vida y nosotros creemos que hace falta un control e intervencionismo en determinados sectores”, dijo, al tiempo que pidió a Sánchez “medidas valientes” como establecer un marco regulatorio que permita fijar límites a las subidas del alquiler de vivienda y regular los precios máximos “para acabar con la especulación”.

Esta iniciativa daría un “golpe contundente” a los especuladores, a juicio de Sánchez, quien apostó por que la propia Sareb saque al mercado viviendas en alquiler a un precio tasado por la Administración.

Junto a ello, se mostró partidario de ir “mucho más allá” en la normativa hipotecaria para mejorar la protección de los usuarios del sector financiero y reclamó “mucha más protección” para las personas susceptibles de sufrir un desahucio, garantizando la dación en pago y alternativas habitacionales antes de que este se produzca.

Asimismo, defendió una política “intervencionista” del nuevo Ejecutivo que le permita enfrentarse a los intereses de las eléctricas y garantizar el acceso de cualquier consumidor doméstico a una tarifa “totalmente regulada”.

El portavoz de esta organización de consumidores dijo esperar que el nuevo Gobierno también sea “sensible” y se comprometa a luchar contra el fraude masivo compartiendo con las comunidades autónomas la competencia de imponer sanciones y multas por el incumplimiento de las leyes de defensa del consumidor.

Para ello juzgó imprescindible que el ministerio competente en consumo "tenga potestad sancionadora para aplicar multas por fraudes masivos", así como impulsar una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para crear un organismo autónomo exclusivamente dedicado a la protección del consumidor que se dedique a monitorizar y controlar el mercado.

Por su parte, la OCU, que declinó realizar una valoración de los resultados electorales y de los posibles pactos, insistió en la necesidad de incluir en dicha ley la definición de “consumidor vulnerable” y destacó la urgencia de dotar de “más eficacia” a los mecanismos de protección de los consumidores para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma "más efectiva".

También solicitó una mejora de las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos, ante los que pidió un endurecimiento de las sanciones.

Por otro lado, abogó por el impulso del bono social, la mejora del etiquetado de los alimentos y de la seguridad de los productos, la aplicación de incentivos fiscales al alquiler o la creación de una agencia de protección en el ámbito financiero, entre otras propuestas.