La asociación se queja en un comunicado de que el Ejecutivo, "en pleno periodo de campaña electoral y aprovechando la Semana Santa", ha modificado el régimen de ayudas "imponiendo que los proyectos que se presenten tengan una cuantía mínima de 100.000 euros".

Los incentivos del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, al que el Gobierno destina 150 millones de euros para proyectos a desarrollar dentro de los tres próximos años, se publicaron el pasado 17 de abril en el BOE y el plazo para la presentación de proyectos concluye en apenas un mes, el 20 de mayo.

El presidente de Aotec, Antonio García Vidal, ha tildado el cambio en los incentivos del PEBA de “incomprensible”, ya que “atenta contra el propio fin de estas ayudas” al dejar fuera del despliegue de banda ancha a pequeñas localidades rurales que carecen de interés para las grandes operadoras y no permitir optar a ellas a operadores alternativos, pese a que la inversión necesaria para llevar Internet de banda ancha a una pequeña población “es muy inferior a los 10.000 euros”.

Estos incentivos ya primaban a los proyectos que incorporaban a un mayor número de municipios. Ahora, al establecer un mínimo económico, se acentúa este factor, obligando a presentar proyectos más amplios y con más poblaciones. Sin embargo, la experiencia demuestra que los operadores dominantes “después renuncian a parte de estas ayudas porque en realidad los proyectos no les salen rentables, abandonando pequeños municipios, que quedarán condenados a seguir esperando para tener conexión de banda ancha pese a que hubiera operadores locales interesados en abordarlos. Esto ya ha pasado y ahora se volverá a repetir, se está insistiendo en el error y perjudicando al mundo rural”.

Aotec mantuvo en marzo una reunión con el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto Sánchez, en la que la asociación expuso las capacidades del sector, que es “tres veces más eficiente con el uso de las ayudas públicas que las grandes empresas”, tal como demuestran los datos del propio Gobierno. Así, en la anterior convocatoria de ayudas el coste de cablear una unidad inmobiliaria en pequeñas localidades rurales por un operador local fue de 62,40 euros de media frente a los 171,99 euros de los operadores regionales y nacionales.

El presidente de Aotec considera que dejar fuera a pequeñas localidades y pymes de las ayudas “a sabiendas” supone favorecer a las grandes compañías y se preguntó “cuál será la razón que se esconde detrás”. “No es lógico que las pequeñas empresas que están en zonas rurales tengan que expandir sus líneas con fondos propios mientras que a las grandes compañías se les paga con dinero público por ir a esas mismas poblaciones”, añade.