En un comunicado, la asociación de consumidores calificó de “inadmisible” que una administración pública tenga una línea de alto coste con el "consecuente encarecimiento injustificado de las facturas telefónicas de los ciudadanos que ello supone”, en referencia a la línea 902 508 686, establecida como Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, en el que se tramitan las sanciones impuestas automáticamente por los radares de tráfico.

Facua destaca la necesidad de que las distintas administraciones cambien estos número de teléfono por otros gratuitos, los 900 u 800, o de prefijo geográfico. La organización agrega que se trata de una “reivindicación histórica”, ya que en 2015 reclamó al Ministerio de Industria que eliminara los sobrecostes del 902 y los incluyera dentro de la tarifa plana.

Facua tiene en marcha la campaña #Stop902 para movilizar a los ciudadanos contra este tipo de abusos en los teléfonos de atención al consumidor, que, recordó, “utilizan tanto empresas privadas como el sector público".

La asociación ha presentado alrededor de un centenar de denuncias por irregularidades similares contra empresas y compañías de otros sectores, como telecomunicaciones, aseguradoras, aerolíneas, grandes superficies comerciales, energéticas, Renfe, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express, así como banca y servicios financieros.

Hasta la fecha se han abierto dos expedientes sancionadores a las compañías aéreas Ryanair y Air Berlin por parte de la autoridad de Consumo de las Islas Baleares tras las denuncias interpuestas por Facua, según indicó en su comunicado.