José Luis Ramírez, portavoz de JpD, dijo a Servimedia que sería “conveniente que el Gobierno diera alguna explicación a la opinión pública por razones de transparencia”.

No obstante, señaló que hay que valorar este asunto “desde la prudencia”, puesto que “se trata de documentación que refleja la posición de una parte y se desconoce, a fecha de hoy, si se han publicado todos los documentos relacionados con el tema”.

Sin embargo, añadió que si se confirmara la autenticidad de lo revelado por los documentos de Wikileaks, sería algo “muy grave y criticable que desde el Gobierno se maniobrara para frenar investigaciones criminales en la Audiencia Nacional o en cualquier otro tribunal”.

Destacó que también es negativo “que la Fiscalía tuviera que plegarse a exigencias de otros estados, en este caso de EEUU”. “No es admisible en un Estado de derecho”, señaló, “anteponer intereses de carácter comercial o de carácter puramente político a la defensa de los derechos humanos”.