La fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, acusó este jueves a la jueza de instrucción, que se inhibió ayer, de hacer una “valoración sesgada” de las sentencias del Supremo, a las que la magistrada se acoge para derivar el caso a un juzgado especializado en violencia sobre la mujer.

Para la Fiscalía, que convocó una rueda de prensa este mediodía, no existe “dominación” ni “relación de desigualdad” en el suicidio asistido de Carrasco, en el que colaboró su marido, Ángel Hernández. “Ella había pedido de forma libre y voluntaria” acabar con su vida y “pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho, que finalmente ejecutó”. Por tanto, “no es un caso de violencia de género”, sentenció Nájera.

Para la fiscal, “desde el primer momento concurren circunstancias y elementos que excluyen y eliminan la violencia de género” en este caso, por lo que recurrirá la inhibición de la magistrada, cuyos argumentos “no compartimos en absoluto” para que se juzgue como un caso de violencia machista.

Según Nájera, los argumentos esgrimidos por la jueza, que se basa en sentencias anteriores del Supremo que apuntan a que toda muerte de una mujer a manos de un hombre con relación sentimental debe juzgarse como violencia de género, obvian el hecho de que no exista “desigualdad” o “dominación” en la causa.

“Ese matiz es el que no ha entendido la juez de instrucción, probablemente porque no está especializada en violencia de género”, reprochó la fiscal, que llevará el recurso a la Audiencia Provincial.

El viudo de María José Carrasco, Ángel Hernández, ayudó a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal, el pasado 3 de abril. Lo grabó en vídeo para denunciar públicamente que aún no exista una ley que regule la eutanasia en España y en él evidencia cómo Carrasco le pide que acabe con su vida, por lo que él le “presta” sus manos.