En un encuentro informativo para valorar las propuestas educativas electorales, Loranca justificó esta demanda en que en el próximo lustro se jubilarán más de 78.000 docentes en la educación pública, plazas a las que habría que añadir otras tantas para “estabilizar la tasa de interinidad” en el sector.

“Las ofertas que se están haciendo son insuficientes, el año pasado se ofertaron unas 23.000 pero seguimos teniendo un 25% de tasa de interinidad media en el Estado”, recordó, recriminando tanto a PP como a PSOE que no han cumplido los compromisos para la estabilización del empleo de los profesores cuando han gobernado.

UGT también afeó a la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que dilate en el tiempo alcanzar un presupuesto educativo del 5% del PIB para 2025, cuando ese porcentaje fue el argumento que esgrimieron los socialistas para abandonar la subcomisión parlamentaria donde se buscaba el Pacto Educativo con el último gobierno del PP.

“Se tiene que llegar al 5% en un plazo más breve y se debe tender a invertir un 7% en la educación española”, exigió.

Asimismo, la secretaria de Enseñanza del sindicato considera que se han quedado “cortas” algunas iniciativas legislativas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia educativa, como la jornada lectiva de los profesores.

OCURRENCIAS

Por todo ello, el sindicato pidió al próximo gobierno que impulse una nueva ley educativa frente a las “ocurrencias” que ha percibido en las propuestas electorales de todos los partidos.

Para Loranca, esa normativa debe tener unos “pilares fundamentales”: la garantía del derecho a la educación, potenciar la escuela pública, equilibrar la admisión de alumnos con criterios claros para garantizar la equidad, la educación en valores, que los centros sean inclusivos y coeducativos y que la ley nazca de la mayor posibilidad de acuerdo.

Entre las “ocurrencias” de los políticos, desde UGT se defendió una “enmienda a la totalidad a las propuestas de Casado”, porque “son recetas viejas”. También incluyó entre las ocurrencias un sistema de ingreso a la oposición a la función pública, que según Loranca ya “lo es”; la asignatura de Constitución Española, porque “se lleva enseñando desde 1978” y se estudiaba en la asignatura eliminada por el PP de Educación para la Ciudadanía; la propuesta de evaluar a los docentes que hace Celaá, que según UGT refleja “una desconfianza permanente en el sistema educativo”; el denominado ‘MIR educativo’, aunque para el sindicato sea necesario “dar una vuelta a cómo se selecciona el profesorado”, y la asignatura de feminismo que quiere impulsar Unidas Podemos. Sobre esta cuestión, la sindicalista recordó la larga trayectoria de UGT en la defensa de los derechos de la mujer y reclamó que se aborde de forma transversal e “impregnando todo el proyecto educativo de un centro”, no desde una asignatura concreta.

La lucha contra el abandono escolar, mejorar las condiciones de los docentes, también de los 170.000 que trabajan en la concertada, más financiación para la Universidad y una mejor acreditación de los profesores universitarios fueron otras de las reivindicaciones que planteó la secretaria de Educación de UGT.