Rollán declaró que el decreto, que estará en vigor para el próximo curso 2019/20, concreta diversos aspectos que establece el Reglamento de Normas Básicas de 1985, además de adaptar las necesidades actuales manifestadas por la comunidad educativa.

Afirmó, además, que se trata de la primera vez que la Comunidad de Madrid aprueba un decreto que regula el ordenamiento de estos conciertos. Este texto también pone de manifiesto el reconocimiento a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de centro y la complementariedad con la oferta de los centros públicos.

También expuso que durante este curso escolar, el 30 % de los alumnos madrileños, alrededor de 365.000, cursa estudios en centros concertados por la Comunidad de Madrid.

Según se recoge en el decreto aprobado hoy, el criterio principal para el acceso al régimen de conciertos seguirá siendo la demanda de este tipo de educación por parte de las familias madrileñas. Asimismo, el nuevo texto ratifica una serie criterios adicionales de preferencia. El primero de ellos tiene como beneficiarios a aquellos centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.

En esta misma situación, se encuentran aquellos centros que desarrollen proyectos de interés pedagógico, y en especial, los relacionados con la atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Una vez aplicados los criterios anteriores, se considerarán con carácter preferente en los accesos a conciertos educativos los centros que funcionen en régimen de cooperativa, entidades sin ánimo de lucro, y los que acrediten experiencia como titular de otros centros docentes autorizados por la Administración de, al menos, dos cursos académicos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Rollán manifestó que el nuevo decreto subraya los principios básicos que regulan el régimen de las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios. Y recuerda a los centros la imposibilidad de que pueda imponerse a las familias la obligación de hacer aportaciones económicas a fundaciones o asociaciones, o destinadas a servicios obligatorios asociados a las enseñanzas.

Además, señaló, la Comunidad insta a los centros a garantizar la claridad y transparencia en las informaciones acerca de las actividades a las familias a través de cualquier medio de comunicación oficial.

A través del documento también se establecen aspectos como la vigencia de los conciertos educativos, que en todas las etapas educativas será de seis años, su ejecución, modificación y renovación.