Éstas son las dos principales medidas que en materia de participación ciudadana contempla el programa electoral de esta formación, que presentarán este lunes su secretario general, Pablo Iglesias, y otros dirigentes de la misma.

Respecto a la edad mínima de voto, Podemos argumenta que, "frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8-M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo", y que desde los 16 se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto".

En cuanto a los referendos revocatorios, se enmarcan dentro de una intención general de "constitucionalizar la participación" y facilitar las iniciativas legislativas populares y las consultas directas para temas importantes. Y los define así: "Cuando el 15% del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales". Además, Podemos suprimiría la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales, sustituiría el sistema de recuento de D'Hondt por el más proporcional de Sainte-Lague y haría el del Senado más parecido al actual del Congreso, crearía una circunscripción electoral de los españoles en el exterior, garantizaría al menos dos debates de campaña en la televisión e impondría las listas cremallera entre hombres y mujeres.

Una vez electos, Podemos limitaría los sueldos de los parlamentarios a los de cualquier otro funcionario, revisaría sus complementos y privilegios y eliminaría los aforamientos. Y, al abandonar el cargo, ampliaría a cinco años el período de incompatibilidades para trabajar en sectores privados relacionados con su desempeño público, además de introducir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito por la colusión entre poder público y privado, que ya fue objeto de una proposición de ley que registró Unidas Podemos cuando ya se había anunciado el adelanto electoral