Según informó este viernes el Instituto Armado, en esta operación se ha imputado a 10 personas por la exportación ilegal y la gestión irregular como residuo peligroso de unas 10 toneladas de gas refrigerante R-22. El contrabando de este material podría haber aportado a los responsables un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros

La actuación contra esta sociedad se ha desarrollado bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, el Seprona de la Guardia Civil y la coordinación internacional de Europol.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que alertaba de una presunta exportación irregular de gas refrigerante R-22 regenerado con destino a Panamá.

DATOS FALSEADOS

Los guardias civiles localizaron una empresa, radicada en Valencia, que estaba eludiendo su deber de informar a la Comisión Europea sobre las exportaciones reales que efectuaba y los datos detallados sobre su almacenamiento de gases refrigerantes.

Asimismo, tampoco comunicaba a la Generalitat Valenciana datos verdaderos de los gases recuperados y los efectivamente destruidos o eliminados. Por otra parte, estaba realizando operaciones de exportación bajo la denominación de gas refrigerante HCFC-22 (R-22) regenerado pese a carecer de la preceptiva licencia de exportación concedida por la Comisión Europea.

Esta empresa reenvasaba los líquidos refrigerantes de gas R-22 que deberían haber sido gestionados como residuos peligrosos y haberse eliminado, sin confeccionar el oportuno registro documental de los mismos para que la Administración pudiera seguir su trazabilidad como residuo de tales sustancias.

Se estima que habría realizado la exportación ilegal de unos 10.000 kilogramos del gas, bajo la denominación de regenerado sin tener autorización ni capacidad en sus instalaciones para conseguir esta clasificación del gas. El contrabando de estas 10 toneladas de R-22 habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros. Hay un total de 10 personas implicadas en esta investigación.