Entre otras cuestiones, la medida buscará la “recuperación con cargo a la financiación pública de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadoras y cuidadores no profesionales”, según expuso la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. “Son mujeres que abandonan su trabajo para cuidar a los demás” y que sufren por ello el “castigo” de “una brecha cruel en las pensiones”.

El decreto sale adelante con el apoyo de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, Ciudadanos, nacionalistas vascos y catalanes y el Grupo Mixto, que se sumaron a los socialistas, aunque afearon al Gobierno que lo impulse en plena campaña electoral.

Calvo recordó que “el 84% de las personas que abandonan el circuito formal del trabajo” para ocuparse del cuidado de personas mayores y mayores con dependencia o enfermedades crónicas son mujeres y que en 2012 el Gobierno del PP “suprimió estas cotizaciones”, por lo que “180.000 personas abandonaron su trabajo e interrumpieron su cotización”, casi mayoritariamente mujeres.

Esto, según la vicepresidenta, ha provocado “una brecha intolerable en las pensiones” de las mujeres, situación que justifica, dijo, estas medidas “urgentes y necesarias”, como “parte de una primera reacción por la igualdad real”, ya que no ha prosperado por ley.

El Real Decreto-ley también impulsa el progresivo aumento del permiso de paternidad para equipararlo al de maternidad, un registro de planes de igualdad en pequeñas empresas y promueve la publicidad y transparencia de las tablas salariales, para que las trabajadoras puedan “corroborar el nivel de discriminación, si la hay” que reciben en su sueldo.

Calvo subrayó especialmente que, entre las medidas por la igualdad, “será nulo el despido de las víctimas de género que como consecuencia del ejercicio de los derechos que necesiten para la tutela judicial efectiva se puedan ver alterados en su carrera laboral” y que se protegerá la “especial vulnerabilidad” de esas trabajadoras.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Durante el turno de fijación de posiciones, las mayores críticas al Ejecutivo las vertió la diputada del PP Beatriz Escudero, que aseguró que “ninguna de las medidas de este decreto cumple los requisitos de extraordinaria necesidad” y que se trata de “normas irresponsables” tras la llamada de atención que ha hecho el Banco de España al Gobierno ante la posibilidad de que aumente el déficit.

Así, la parlamentaria ‘popular’ apuntó que, por ejemplo, “cada nueva semana de permiso de paternidad tiene un coste de 100 millones de euros”, en un ejercicio, el de 2019, con los presupuestos prorrogados, a los que habría que sumar “los 300 millones que cuestan las cotizaciones de las cuidadoras de la dependencia”. “Son cheques sin fondo”, aseveró.

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Noelia Vera, mostró el apoyo de su grupo al real decreto, pero lamentó que “podríamos haber ido un poquito más lejos”. “Es muy superficial. No sé si será fruto de las prisas o para aprovechar la época en la que estamos”, remarcó.

Por ello, pidió medidas más concretas en pro de la igualdad, como “más legitimidad al Instituto de la Mujer” y más “voz” a las organizaciones feministas y “no sólo una foto” por el 8-M. Según Vera el decreto no incluye “nada” de empleadas del hogar e incluye “parchecitos” o “medidas descafeinadas”.

Ciudadanos se mostró “a favor” del decreto porque la “prioridad” de este grupo parlamentario es hacer “política útil y constructiva”, según dijo la diputada Patricia Reyes. No obstante, la parlamentaria reprochó al Ejecutivo que en 8 meses de gobierno haya impulsado 35 reales decretos, cuando el PP promovió 73 en cuatro años de legislatura. “Es un récord vergonzoso”, agregó, que responde a la “manera autoritaria” de gobernar de Pedro Sánchez.

En representación del Grupo Socialista, Pilar Cancela, criticó el “bloqueo” que las medidas socialistas han encontrado en la Mesa del Congreso por parte del PP, y explicó que el real decreto aborda “discriminaciones directas o indirectas” a la mujer, para romper con la idea de que los hombres son para la producción y el trabajo remunerado y las mujeres “para la reproducción y el trabajo no remunerado”.

MEDIDA 'CORTA'

Por el Grupo Mixto, la diputada de EH-Bildu Marian Beitialarrangoitia, aplaudió que se den “pasos en la buena dirección” pero criticó que la iniciativa “se queda corta”. “Menos es nada”, apuntó, lamentando que no se aborde “la división sexual del trabajo”.

También el diputado catalán del Grupo Mixto Joan Baldoví afeó al Gobierno que estos asuntos se discutan “en medio de la campaña” y envió un mensaje “a navegantes” ante la posibilidad de que el PSOE negocie con “algunos” para gobernar la próxima legislatura. Sin el apoyo de “los demás” (en referencia a los nacionalistas) “los viernes sociales hubieran podido convertirse en viernes negros”.

Su compañero de grupo Carles Campuzano mostró su apoyo a la iniciativa, aunque “el abuso de la mayoría” que en su opinión han protagonizado socialistas y ‘populares’ en el Parlamento han hecho “un mal favor” al sistema democrático.

Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), Mikel Legarda también afeó que algunas de las propuestas del decreto se difieran hasta el año 2021, como es el caso del aumento de los permisos de paternidad y planteó “dudas” sobre los planes de igualdad y el registro que tendrán que desarrollar las empresas.

El diputado de Ezquerra Republicana Jordi Salvador i Duch revindicó el derecho del niño “por encima del derecho laboral de los padres” en lo relativo al aumento del periodo del permiso de paternidad, pues “todos los niños tienen derecho a disfrutar el mismo número de días de cuidados, independientemente del tipo de familia a la que pertenezca”.