Esta denuncia fue presentada en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por representantes de las asociaciones de la Benemérita AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UnionGC y APC, que suscriben conjuntamente esta acción judicial.

Según informaron estos colectivos, en la denuncia se esgrime que el departamento de Interior que dirige Marlaska podría haber cometido “irregularidades” en el proceso de equiparación salarial que van “en perjuicio” de los guardias civiles.

Los denunciantes afirman que con estas irregularidades se habría incumplido el acuerdo de equiparación firmado entre las asociaciones y el Gobierno en marzo de 2018, documento que suscribió el entonces titular de Interior, José Ignacio Zoido.

En la denuncia se explica que cuando el Ejecutivo y las asociaciones de la Benemérita firmaron el pacto de equiparación salarial, “se llegó al compromiso de contratar a una consultora externa que trasladaría los trabajos y los estudios elaborados a las asociaciones del Instituto Armado”.

SUPUESTAS “PRESIONES”

Las asociaciones entienden que una primera “irregularidad” es que Marlaska no les ha facilitado el resultado del informe elaborado por la consultora Ernst&Young. Además, los representantes de los guardias civiles piden aclarar sí, cómo han informado los medios de comunicación, Interior ordenó a esta consultora maquillar el informe para trasladar la idea de que había un dinero limitado para la equiparación.

Las asociaciones del Instituto Armado aseguran que estos hechos “deben ser objeto de investigación”, ya que puede sospecharse que “las presuntas presiones han podido surtir efecto”, en referencia a las supuestas indicaciones de Interior a Ernst&Young.

En este sentido, en una rueda de prensa el pasado 12 de marzo, las mismas asociaciones de la Benemérita revelaron que el departamento de Marlaska les había comunicado que el dinero que este cuerpo de seguridad tendría para la equiparación salarial sería un 1,72% menos de lo acordado, un total de 4,3 millones de euros, que se destinarían la Policía Nacional.

Durante esa comparecencia de marzo los colectivos de la Guardia Civil ya anticiparon la posibilidad de denunciar a Marlaska por esta reducción de dinero para el Instituto Armado, así como por el hecho de que no se estuviese cumpliendo lo referido a la supervisión del proceso de equiparación.