Así lo plantea la organización en un documento con propuestas ante las elecciones generales del 28 de abril que publicó este miércoles.

Entre las medidas formuladas por Cepyme destaca el impulso de la contratación por parte de las pymes, avanzando en la simplificación y “racionalización” de los modelos de contratación, reducir cotizaciones sociales y “preservar el acuerdo marco de la negociación colectiva y favorecer que estos convenios potencien la flexibilidad que necesitan las pymes”.

Cepyme defiende la necesidad de reformas estructurales en el mercado laboral y que empresarios y trabajadores se adapten con un marco normativo “más flexible” y sin costes laborales que “perjudican la competitividad”. La patronal de las pymes advirtió de que “cualquier medida que penalice o limite la temporalidad sin ofrecer alternativas de flexibilidad puede ir en detrimento de los importantes logros alcanzados en la creación de empleo”.

En el ámbito de la fiscalidad, Cepyme reclama un marco que “no entorpezca el crecimiento y penalice la creación de empleo”. Así, pide una reforma fiscal integral en la que se elimine el distinto tratamiento fiscal a empresarios según su condición de persona física o jurídica, mediante la asimilación de la tributación de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF a la tributación por Sociedades, rebajar impuestos indirectos –IVA y los especiales-, y establecer bonificaciones o deducciones a todos los empresarios por reinvertir beneficios en la propia empresa o lanzar nuevas actividades.

También pide incentivos para invertir en pymes y facilitar la posibilidad de compensar las deudas tributarias y de Seguridad Social contra las deudas de las administraciones públicas.

Igualmente, Cepyme solicita adaptar el marco legislativo a los principios de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y mejorar la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo, reduciendo su complejidad, promulgando normas claras, sencillas, comprensibles y en número reducido, eliminando “distorsiones” y reduciendo las cargas administrativas “injustificadas o desproporcionadas” en un 30% en los próximos cuatro años.

En materia de formación, la patronal que dirige Gerardo Cuerva considera necesario aumentar las competencias básicas de los trabajadores, invirtiendo más en formación y capacitación profesional de alta calidad. También ve urgente hacer de la educación y la formación una prioridad de la política de Estado y promover una mejora en la calidad de los sistemas educativos y formativos y su relación con el empleo. Asimismo, la Confederación reclama una mayor participación de las empresas en la formación y el desarrollo de una oferta integral y flexible de formación permanente.