La portavoz del grupo en la Cámara, Irene Montero, denunció en los pasillos que el PSOE está utilizando los decretos de forma “electoralista” y que además son “descafeinados” y podían ir mucho más lejos, pero a la vez reconoció que “incluyen medidas beneficiosas para la gente”, si bien no aclaró si Unidos Podemos pedirá la tramitación de alguno de ellos como proyecto de ley para introducir enmiendas, como fuentes del grupo indicaron ayer a esta agencia que se estaba sopesando.

La hasta ahora portavoz de Empleo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, denunció que, con sus dos decretos laborales, el Gobierno ha perdido su última oportunidad para cumplir con su programa electoral y su acuerdo de Presupuestos, y “se van sin derogar la reforma laboral, ni siquiera la del PP”.

Desde su punto de vista, “no es porque no pueden sino porque no quieren”, por lo que sentenció: “El PSOE renuncia a derogar la reforma laboral, se coloca del lado de los que mandan. Los trabajadores vuelven a quedarse como estaban cuando gobernaba el PP”.

En particular, denunció el registro de jornada laboral aprobado para cumplir con el Tribunal de Justicia de la UE, que le parece “opaco” porque se hurta al acceso de los trabajadores y sus representantes. “Han asomado la patita y se posicionan del lado de los que mandan”. También lamentó que el PSOE vaya a ampliar las bonificaciones a los empresarios incluso contratando a tiempo parcial, lo cual ensanchará el déficit de la Seguridad Social.

Sin embargo, Díaz justificó el voto a a favor de Unidas Podemos por “una única razón: en ese marasmo de real decreto, muy deficiente técnicamente, va la recuperación del subsidio a los parados mayores de 52 años”. No aclaro si pedirá o no la tramitación del decreto como proyecto de ley, una decisión para la que se remitió al debate parlamentario.

Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú Podem, se refirió al real decreto sobre el alquiler, tema muy importante para el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, para enjuiciar que “expresa las potencialidades de un gobierno progresista y las limitaciones de un gobierno socialista”, con avances en la protección de los inquilinos pero cesiones a los fondos de inversión “al no limitar el incremento de los precios en zonas altamente tensionadas”.