Las investigaciones, que han culminado con la detención de tres personas, comenzaron durante el pasado mes de enero, cuando se recibieron dos denuncias que alertaban de posibles delitos contra la Seguridad Social cometidos en dicha provincia.

Según informó este miércoles la Policía Nacional, los investigados, “con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro, crearon grupos fraudulentos de empresas o sociedades patrimoniales a las que transferían las ganancias de las empresas deudoras ocultando su verdadero balance económico”.

Las primeras gestiones se iniciaron con la investigación de una fundación que se dedicaba al fomento económico y social del sector de la hostelería a través de la implantación de una escuela de gastronomía que, desde el año 2005, había generado una deuda con la Seguridad Social de más de 400.000 euros.

Dadas las dificultades en la gestión de la escuela ante las importantes deudas acumuladas, la fundación creó una mercantil para seguir dando los servicios de enseñanza y gastronomía que venían ofreciendo desde antes del año 2000, poniendo de presidente en el Consejo de Administración al que era director de la escuela de gastronomía. De esa forma, pudo desarrollar su actividad de manera normal, dificultando o frustrando el legítimo cobro de la deuda acumulada con la Tesorería General de la Seguridad Social al ocultar el verdadero balance económico de la escuela.

Todos los patronos de la fundación anteriores al año 2015 ya han fallecido, por lo que no se ha podido actuar contra ellos. Tan solo el actual permanece con vida, ejerciendo de presidente de la misma y vicepresidente de la mercantil.

Varios trabajadores de la empresa declararon que se generaba dinero suficiente para estar al día con los organismos públicos, proveedores y trabajadores. Sin embargo, los patronos habían dejado de pagar a varios trabajadores.

Por estos hechos, se ha esclarecido un delito contra la Seguridad Social y otro de frustración de la ejecución, deteniéndose a dos personas como responsables de los mismos.

En un segundo caso se investigó al responsable de un grupo empresarial dedicado a la gestión de establecimientos residenciales de personas mayores.

“El ánimo de defraudación de esta persona comenzó el día que dio de alta a su primer trabajador, en el año 2008, al no efectuar nunca el ingreso de las cuotas obreras a las que está obligado y existiendo una continuidad en el impago de cotizaciones hasta la actualidad”, remarcó la Policía Nacional.

Desde entonces, la deuda generada por las siete empresas investigadas y por su propia persona en la vertiente de autónomo ha supuesto un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social de 3.520.610,96 euros.

Sin embargo, “a costa de no pagar a la Seguridad Social, su administrador y su familia han llevado una vida de lujo, viviendo en una de las zonas más exclusivas de La Moraleja, en la localidad madrileña de Alcobendas, y conduciendo vehículos de alta cilindrada. De todo ello se ha informado al juzgado”, indicó la Policía.