Juicio Procés

Ferrán López presenta unos Mossos dispuestos a cumplir con el mandato judicial frente a un Gobierno que “traccionaba en sentido opuesto”

MADRID
SERVIMEDIA

El comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López, número dos del exmayor Josep Lluís Trapero, aseguró este miércoles en el juicio del `procés´ que "los Mossos estábamos absolutamente dispuesto a cumplir con el mandato judicial", situación que contrasta con la actitud de “un Gobierno que traccionaba en sentido opuesto al que traccionábamos nosotros".

Esa fue la descripción que hizo el segundo del mando del cuerpo autonómico sobre la relación entre los Mossos y el Gobierno dirigido por Carles Puigdemont con Joaquim Forn como consellero de Interior. Con estas palabras, López refrenda la versión dada por Trapero sobre la actuación del cuerpo policial.

Ferrán López estuvo en el CECOR la jornada de registros del 20-S y del 1-O y fue el mando de los Mossos que acudió a las reuniones de planificación entre cuerpos policiales para impedir el referéndum después de que Trapero decidiera no volver a acudir a las reuniones con el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Según el comisario, el conseller Forn “nunca pidió nada a la jefatura de policía relacionado con el 1 de octubre", pese a que sus declaraciones públicas colocaba a los Mossos “en una situación en la que no estábamos instalados”, lo que motivó las quejas de la cúpula policial.

REGISTROS

El interrogatorio del testigo comenzó con las preguntas de Vox, que le preguntó por los registros ordenados por el juez de instrucción 13 de Barcelona en una nave industrial de Unipost localizada en Terrassa (Barcelona). López aseguró recordar “perfectamente" lo sucedido. Relató que un coronel de la Guardia Civil le pidió ayuda porque la comitiva estaba "teniendo dificultades".

Tras contactar con un responsable de orden público, tuvo conocimiento de que "se pudo entrar, aunque con dificultades. La salida fue aún más crítica porque los manifestantes seguían impidiendo el paso de la comitiva". Por esa razón, los agentes tuvieron que hacer "dos maniobras" para esquivar a los manifestantes y salir “por una calle peatonal, rompiendo los bolardos que impiden el paso de los coches. Una furgoneta de los Mossos los tuvo que romper para sacar a la comitiva judicial”.

Sobre los más de 40 registros del 20 de septiembre, el comisario insistió: "Por supuesto que hubo apoyo en todos los registros. Ese día yo tengo noticias a través de los medios de comunicación de camino al trabajo de que había registros. Cuando llego al despacho recibo una llamada de un coronel en el que me pide apoyo en el CTTI, en el Departamento de Economía y en la Delegación de Hacienda. Atendimos a todas las peticiones por vía formal a la sala y a las telefónicas”.

Según explicó el mando de los Mossos, “la ayuda (que se facilitó a Policía y Guardia Civil) era absolutamente inmediata” y para corroborar esta afirmación explicó que a lo largo de esa jornada del 20 de septiembre tenía “registradas 38 llamadas al coronel de la Guardia Civil. La colaboración fue absoluta y fluida", remachó.

López explicó, además, que acudió a todas las reuniones de coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, en las que “no hubo discrepancias”. Sobre la reunión que se produjo tras la instrucción de la Fiscalía explicó que hubo “una primera decisión consensuada y acordada; fue si nos dedicábamos a todos los centros o hacíamos frente solo a unos cuantos. En nuestro caso, era que haríamos frente a la extensión de todos los centros, se habló de un binomio en todos los centros”.

En ese momento situó el acuerdo para que “fuéramos los Mossos, por el conocimiento del entorno social y porque el grueso de efectivos de Mossos eran agentes de seguridad ciudadana. Se decidió que el dispositivo tendría dos fases, una primera de los Mossos y la segunda correspondía a Guardia Civil y Policía Nacional, porque el refuerzo que tenían era de orden público”.

Según sus explicaciones, este primer binomio tendría “tres o cuatro funciones fundamentales: primero, dar cumplimiento al auto judicial, y una vez conseguido este objetivo, mantener la clausura del centro; el segundo era hacer presencia durante unas horas para asegurar que los colegios no se abrieran; y la tercera, establecer un punto de guía para la acción del orden público, para identificar el momento óptimo de hacer la intervención".

(SERVIMEDIA)
03 Abr 2019
SGR/ICG/caa