Así se puso de manifiesto este martes en el transcurso de la jornada ‘Acceso a la justicia y a la compensación a víctimas de trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales, 1999-2019”, organizada en Madrid por Proyecto Esperanza Adoratrices en el marco del proyecto europeo Justice at Last.

De las 56 sentencias condenatorias por trata de personas dictadas en ese periodo, 46 contienen un pronunciamiento de indemnización aunque con cantidades “muy dispares”, en siete no consta pronunciamiento de indemnización y en tres casos la víctima renunció de forma expresa, según Fiscalía.

En 40 de estos casos, el tribunal decidió otorgar una indemnización pero solo 11 de ellos resultaron en el pago de una compensación a las personas tratadas o explotadas.

En el transcurso de la jornada, la coordinadora de Sensibilización de Proyecto Esperanza, Marta González, destacó como uno de los avances “más significativos” el “cambio de enfoque” para hacer frente a este delito que, a su entender, supone una "grave violación de los derechos humanos".

Tras precisar que la compensación a las víctimas es una herramienta “crucial” en la lucha contra la trata, que cumple una función restaurativa, preventiva y punitiva, González subrayó que, “cuando no se puede obtener del infractor la indemnización completa, el Estado debe esforzarse por indemnizar por otros medios a la víctima cuando esta ha sufrido graves daños”.

No obstante, a pesar del reconocimiento formal de estos derechos y de los avances, advirtió de que aún no se garantizan “de forma efectiva” y consideró “anecdótico” el pago efectivo de las indemnizaciones reconocidas mediante sentencia judicial.

“La disponibilidad de asistencia jurídica especializada y de calidad es, en general, insuficiente y esto puede suponer que las víctimas no puedan disponer de asistencia jurídica adecuada”, precisó, al tiempo que lamentó la “complejidad” de los procedimientos de indemnización hasta el punto de que un caso se prolongó durante nueve años.

La máxima compensación en el periodo analizado fue otorgada por un tribunal penal de Rumania a una mujer que fue objeto de trata con fines de explotación sexual por parte de un grupo de crimen organizado y recibió una compensación de 190.000 euros mientras que la cantidad más baja se otorgó en un caso en Austria cuya víctima fue compensada con 800 euros, aunque ambas sentencias están pendientes de ejecución.

Por su parte, el jefe de Grupo Operativo 8 de la Brigada de Central de Trata de Seres Humanos de Policía Nacional, Ismael Delmás, explicó que la investigación económica y patrimonial de los infractores es “compleja y requiere un enfoque global que integre los esfuerzos en una misma dirección”.

Delmás insistió en la importancia del trabajo de campo como el control de las víctimas, inspecciones en locales, vigilancias y seguimientos.

La magistrada Carmen Delgado señaló algunos criterios y buenas prácticas de actuación judicial frente a la trata de seres humanos como el hecho de que la prueba preconstituida con las víctimas resulta “fundamental” al igual que la necesidad de “reducir al máximo” el número de comparecencias de la víctima en los juicios para evitar la “revictimización”.

La directora de Proyecto Esperanza Adoratrices, Ana Almarza, aprovechó la jornada para presentar el nuevo logotipo que renueva su imagen tras 20 años de lucha contra la trata y de apoyo integral a más de 1.065 supervivientes de trata, así como para anunciar el lanzamiento de su nueva web a partir de junio.