La asociación exige que se abra un expediente y se sancione tanto a la presunta terapeuta como al Obispado. Según la investigación del periódico digital, la institución eclesiástica imparte terapias ilegales y clandestinas en contra de la Ley de Protección Integral contra la Lgtbfobia de la Comunidad.

El Gobierno regional, no obstante, ya ha anunciado que investigará los cursos para tras la presentación de varias denuncias, entre ellas una del diputado de Podemos Eduardo Rubiño, otra de la asociación Arcópoli y de una organización de consumidores.