Esta actuación, enmarcada en el proyecto LIFE IP Intemares, persigue involucrar a los sectores socioeconómicos y a la ciudadanía en un debate sobre las necesidades de cada ZEC, así como identificar medidas adecuadas que permitan compatibilizar los usos y actividades que se desarrollan en estos espacios marinos protegidos con la conservación de los valores naturales.

En una segunda fase, prevista entre los meses de mayo y julio, se celebrarán nueve talleres participativos presenciales en todas las islas. El diseño de este proceso cuenta con la colaboración de WWF-España y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), socios del LIFE IP Intemares, así como con el apoyo del Gobierno de Canarias. Por último, y sobre la base de un borrador de nuevo plan de gestión de cada espacio, se llevará a cabo el trámite de audiencia e información pública, previo a la publicación de la normativa definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas 24 zonas cuentan con especies de interés comunitario tanto de reptiles marinos, como la tortuga boba ('Caretta caretta') y verde ('Chelonia mydas'), como de cetáceos, entre los que encontramos el calderón tropical ('Globicephala macrorhynchus') y gris ('Grampus griseus'), el cachalote ('Physeter macrocephalus') y los delfines mular ('Tursiops truncatus'), listado ('Stenella coeruleoalba') y moteado ('Stenella frontalis').

Igualmente, también hay especies muy características como el angelote ('Squatina squatina'), que actualmente se encuentra en peligro crítico, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En sus aguas, también se pueden observar hábitats de gran interés natural como bancos de arena, arrecifes y cuevas marinas, entre otros hábitats.

Debido a la necesidad de garantizar la protección de estos espacios, en 2011 se declararon los 24 Lugares de Interés Comunitario (LIC) como ZEC y se aprobaron las correspondientes medidas de conservación y regulación de usos y actividades. El departamento dirigido por Teresa Ribera ha abierto el proceso para la actualización de los planes de gestión, cuya vigencia es de seis años, prorrogables si no se renueva la normativa.