El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de siete años de prisión a los dos primeros, cuatro años y seis meses de prisión al tercero, cuatro años de prisión al cuarto, y a pena de cinco años y tres meses de prisión a los particulares, Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín, por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad, así como a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa a los intervinientes en la operación citados.

La sentencia considera confirmada la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al ayuntamiento, alterando el precio del valor real de los mismos con perjuicio a las arcas municipales.

Entiende el tribunal que los acusados incurrieron en los delitos de malversación, con la agravante de la notoria gravedad de los hechos por el perjuicio causado al ayuntamiento es constitutivo de prevaricación por las resoluciones dictadas a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido.

El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.