El colectivo emitió un comunicado en el que destacó que este jueves se produjo una agresión en la cárcel de Picassent (Valencia), donde un interno propinó una patada a un trabajador. Este mismo interno causó el pasado sábado la rotura de dos dedos a otro funcionario en la enfermería.

Al mismo tiempo, informó de que la semana pasada otro funcionario de Soto del Real (Madrid) recibió varios pinchazos en la espalda y en el cuello con un arma de fabricación casera.

Estos sucesos, según CSIF, tuvieron lugar “en un contexto de escasez de plantilla, falta de medios y carencia de formación en seguridad”, lo que le sirvió para lamentar que la oferta de empleo público para 2019 en la Administración General del Estado pergeñada por el Gobierno “apenas sirve para cubrir las jubilaciones previstas y mantiene los niveles endémicos de destrucción de empleo”.

Incidió en la necesidad de “actualizar el catálogo de medios coercitivos, habida cuenta de que los trabajadores penitenciarios desarrollan su función con un colectivo en el que predominan los comportamientos agresivos, antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas”.

Ante esta situación, reclamó un “medio defensivo eléctrico que permita incapacitar a un sujeto que dé muestras de una agresividad o violencia inusual y una feroz resistencia frente a la actuación del funcionario, pudiendo derivar en previsibles y serias lesiones”.

También pidió “considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para reforzar su seguridad” y una “mejora del Protocolo de Agresiones, que incorpore medidas preventivas, adecuadas y un incremento en el presupuesto para reforzar las actuales medidas de protección de funcionarios”.