Según informó ese miércoles la Policía, en el marco de esta operación se ha detenido a ocho personas en Salamanca (seis), Málaga y Sevilla, al tiempo que se realizaron dos registros donde se intervinieron 13.500 euros en efectivo y diversa documentación.

Los responsables de la trama, un matrimonio de nacionalidad china, regentaban una oficina de mediación con la que los estudiantes contactaban a través de una aplicación de mensajería, pagando unos 1.000 euros por los trámites y la obtención de los documentos fraudulentos. Los certificados eran confeccionados en la propia vivienda de una ciudadana española que simulaba ser la responsable de un centro de estudios.

La investigación se inició en septiembre del año 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una gran cantidad de supuestos estudiantes chinos que habían obtenido autorizaciones de estancia en España por estudios, presentando en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca certificados que acreditaban la realización de cursos de lengua y cultura españolas en un centro de estudios de la ciudad.

WHATSAPP CHINO

De esta manera conseguían justificar uno de los requisitos exigidos por la normativa de extranjería para la obtención de este tipo de autorizaciones de estancia, como es la "realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios".

Las investigaciones policiales y las vigilancias efectuadas permitieron determinar que en el lugar donde se ubicaba el centro de estudios realmente no se impartían los cursos que figuraban reflejados en los certificados.

Los ciudadanos chinos que querían permanecer en España contando con una autorización legal pero que no estaban interesados en realizar los cursos de forma real contactaban a través de la aplicación de mensajería ‘Wechat’ (muy utilizada por la comunidad china y similar a WhatsApp) con los responsables de una empresa de mediación que tenía un local-oficina en una calle céntrica de Salamanca, regentada por un matrimonio de nacionalidad china.

Éstos se ofrecían a realizarles todos los trámites necesarios para que consiguieran la autorización de estancia, sin necesidad de cumplir el requisito de acudir a un centro de estudios, a cambio de una cantidad que rondaba los 1.000 euros por persona.