El Constitucional, a solicitud del Gobierno de Pedro Sánchez, ha acordado la suspensión de la resolución impugnada desde el día 18 de marzo, fecha de interposición de la IDA, de conformidad con el artículo 161.2 de la Constitución y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, acuerda dar traslado al Parlamento de Cataluña de la demanda y documentos que acompañan para que presente las alegaciones correspondientes.

El abogado del Estado considera que la resolución 298/XII puede vulnerar el artículo 59.6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 67.1 del Reglamento del Parlamento autonómico, al desbordar el objeto la comisión de investigación el ámbito institucional y competencial propio de la comunidad autónoma.

También se infringiría el principio de inviolabilidad del jefe del Estado recogido en la Constitución y el artículo 117.3 de la Carta Magna que atribuye exclusivamente a los jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional.