“En el año 2012 y 2013 yo me movía en el mundo del mal menor y tenía que buscar el mal menor porque no había situaciones ideales de ningún tipo”, defendió durante su intervención en calidad de testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de la entidad y en el que declaró a través de videoconferencia desde Fráncfort.

El hoy vicepresidente del BCE relató que cuando el PP llegó al Gobierno a finales de 2011 encontró la economía en una “situación límite”, porque había vuelto a entrar en recesión, encaraba una “destrucción” de 600.000 empleos al año, con el “derrumbe” de los precios inmobiliarios, el crédito contrayéndose a ritmos del 20-25% y el déficit por encima del 9% y había que resolver el peligroso “nexo negativo entre el sector financiero y el tesoro español”.

“Era una situación terrorífica, la más grave que yo he vivido en décadas en la economía española”, y se fijó como “objetivo número uno” evitar un “rescate del España” que hubiera supuesto rebajas en las pensiones o “subidas generalizadas de impuestos”. “Era muy importante que no vinieran señores de fuera para imponernos las políticas económicas de España”, subrayó.

Según su versión, la preocupación era tal que siempre le tocaba rendir cuentas sobre la situación en los grandes foros internacionales como el G20, porque el país “era el principal riesgo para la economía de la zona euro” y el núcleo del problema estaba en la banca, cuyas dudas penalizaban al bono soberano ante la convicción de que el país no podía rescatar al sector de forma directa con el déficit tan disparado.

“Nadie se creía que los balances bancarios estuvieran reflejando la realidad” con el desplome de la economía y del ‘crash’ en el mercado inmobiliario, por lo que transcurridos apenas seis semanas desde que asumió la cartera de Economía aprobó un decreto que obligaba a la banca a “ajustar dichas valoraciones” a la realidad del mercado, provisionando 50.000 millones de euros, y que al verse “insuficiente” le decidió a aprobar otro tres meses después que costaría 30.000 millones extras al sector.

Guindos desveló que había tenido una reunión con el gobernador y subgobernador del Banco de España antes de la Navidad, donde se puso de manifiesto “la situación del sector financiero en su conjunto” sin entrar a valorar la de Bankia, aunque su convicción es que “era el caso más problemático” al ser “una entidad sistémica” con una exposición inmobiliaria “por encima de la media”, un porcentaje de refinanciaciones “muy elevada”, una “enorme” dependencia de liquidez del BCE y problemas ya declarados en su subsidiaria Banco de Valencia. “Todos esos factores eran factores de alarma en el sistema financiero (…) y el objetivo número uno del ministro era evitar el colapso del sistema financiero español y de España”, añadió.

Durante su intervención detalló que tuvo varios contactos durante el mes de abril con el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien le hizo partícipe de su intención de afrontar las nuevas necesidades de saneamiento con una operación corporativa que llegó a negociar con Unicaja y Liberbank, sin prosperar.

“A finales de abril me dice que no han fructificado las operaciones y que va a elaborar un nuevo plan”, refirió, en alusión al programa con el que el banco proyectaba solicitar al Frob 7.000 millones de euros de inyección, y con el que se comprometía a ciertas desinversiones de activos o cambiar el gobierno corporativo.

Sin embargo, Guindos sostuvo que no tuvo conocimiento del mismo hasta que el día 6 el propio Rato lo detalló en una reunión promovida por el expresidente de Bankia con los grandes banqueros del país: Emilio Botín, por el Santander; Francisco González del BBVA, e Isidro Fainé, de Caixabank. En ese encuentro Fainé y Botín “mostraron claramente su desconfianza” con la estrategia al considerarla insuficiente, pero no plantearon su cese, aunque Rato presentaría la dimisión al día siguiente, sostuvo.

Guindos se desligó por completo de la elaboración del plan de saneamiento de Bankia indicando que el legislador fija las reglas de juego y corresponde a las entidades decidir la estrategia para cumplirlas, en colaboración con el supervisor. Esta versión colisiona con la ofrecida con anterioridad en el mismo tribunal por parte de Rodrigo Rato e, incluso, del exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, responsabilizándole del fracaso del plan que derivó en la salida de Rato de la entidad y su posterior nacionalización.

En la versión de ambos la gestión de la crisis fue política, con Guindos al mando, incluso influyendo para que el FMI adelantase la publicación del informe que apuntaba a Bankia como el principal problema del sector y que acabó de agravar su situación en los mercados, extremo que negó de forma taxativa el vicepresidente del BCE.

En la misma línea Guindos aseguró que el Banco de España nunca le comunicó problemas con las cuentas de 2011 y afirmó haberse enterado también de los reparos puestos por el socio de Deloitte que obligaron a Bankia a presentar las cuentas sin auditar a la CNMV, cuando se publicó el hecho relevante.

En contraste refirió que se solicitó el rescate de la banca después de que el FMI cifrase en 40.000 millones las necesidades de capital de la banca, señalando que las “entidades problemáticas son las que ya han recibido ayudas” y mostrase su preocupación especial por Bankia, ya que, al ser sistémica, era mayor el riesgo de “contaminación al sector”.

De forma adicional citó que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, había llamado a “principios del año 2012” a Mariano Rajoy “para pedirle en nombre del presidente del Consejo y del Eurogrupo que se nombrara a un evaluador independiente” para analizar la situación del sistema financiero. Algo que finalmente derivaría en el encargo de Oliver Wyman y Roland Berger de una auditoría de los balances bancarios en el que afloraron un déficit de capital de hasta 61.000 millones en el sector, más de 19.000 para el caso de Bankia que fue la cuantía fijada en la nacionalización.