El teniente de la Guardia Civil que dirigió la comitiva judicial que registró Economía el 20-S explicó que aunque Diplocat era un consorcio independiente, en la práctica “dependía de la Generalitat". En concreto, los correos entre el exconseller y el secretario general de la Generalitat Alberto Royo, revelaban “una cierta supeditación de Royo a Raül Romeva, por una cadena de correos que se intercambian entre ellos”. En algunos de esos mensajes certificaban que con esa estructrua “hemos podido actuar como un verdadero Ministerio de Exteriores”.

El testigo también participó en el registro a Diplocat. Según los datos obtenidos allí, en el 1-O actuaron tres grupos diferentes de observadores internacionales, a los que, por distintas vías, se les pagó viajes, alojamiento y servicios para vigilar el desarrollo del referéndum. El gasto total fue de 270.000 euros. Varios de esos observadores están citados esta semana como testigos en el juicio.

Preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre el acoso a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el teniente certificó que hubo acciones en “unos 20” acuartelamientos de la Guardia Civil en los días previos a la celebración del referéndum del 1-O. También se produjeron episodios de acoso en los lugares de alojamiento.

Ya en relación a los incidentes violentos sucedidos en la jornada del 1 de octubre, el testigo relató que "hubo cerca de 80, porque se actuó en 80 lugares, y en el 95% de ellos hubo incidentes”, con el resultado de “80 heridos".

"A partir del 27 de octubre”, cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución y la autonomía catalana quedó intervenida, “no hubo incidentes y la actuación de los Mossos fue muy profesional", relató el testigo.