Según informó el Ministerio de Economía y Empresa en una nota, esta norma se incluye dentro del marco europeo de la Directiva de Cuentas de Pago Básicas que, con el fin de alcanzar la plena inclusión financiera, establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable.

Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea. El coste máximo de esta cuenta no podrá ser mayor de 3 tres al mes, en línea con el de otros países de europeos, y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.

Para completar este marco, el Gobierno establece los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita. Para determinar si se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita.

Asimismo, se ha simplificado la certificación de la situación de vulnerabilidad, de manera que bastará con acreditar el número de personas que componen la unidad familiar y el nivel de renta. Se establece también que, ante la imposibilidad de aportar esta documentación, será suficiente con un informe de los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento.

Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación. En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera y, de ser necesario, elaborar propuestas de mejora del marco normativo aplicable.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida es “coherente con la política económica del Gobierno”, centrada en la disciplina fiscal, las políticas sociales y una agenda de reformas estructurales.

La ministra incidió en que “la desigualdad es un lastre para nuestro crecimiento económico” y consideró que “tenemos que aprovechar la buena situación económica en España para avanzar en reformas” que posibiliten un crecimiento “sostenible” y “justo”.

En esta línea, Calviño quiso poner en valor el respaldo de organismos como el Banco de España a las previsiones de crecimiento económico del Gobierno y a la “dinámica positiva” que se presenta para España.