Así consta en el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del año pasado.

El repositorio fue presentado en enero del año 2017, es de acceso público en la web ‘www.poderjudicial.es’ y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores: acusados y/o procesados, procedimientos o sentencias dictadas, que se actualizan cada tres meses.

La información que se ofrece en el repositorio corresponde a la “corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad”. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen tienen como “sujetos activos” a “funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.

De los 48 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 15 corresponden al cuarto trimestre de 2018. De ellos, el Tribunal Supremo instruyó uno, la Audiencia Nacional tres, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 11, el de Asturias dos, el de Baleares dos, el de Castilla-La Mancha cinco, el de Castilla y León dos, el de Cataluña dos, el de la Comunidad Valenciana 12, el de Extremadura tres, el de Galicia tres y el de la Comunidad de Madrid tres.

En cuanto a las 205 personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 65 de ellas en el último trimestre del año pasado. De ellos 12 lo fueron en el Tribunal Supremo, siete en la Audiencia Nacional, 72 en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dos en el de Asturias, seis en el de Baleares, ocho en el de Castilla-La Mancha, seis en el de Castilla y León, dos en el de Cataluña, 57 en el de la Comunidad Valenciana, 14 en el de Extremadura, siete en el de Galicia y 12 en el de Madrid.

Entre los días 1 de enero y 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 63 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 40 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,4%del total. Las 23 restantes, un tercio del total contenían un fallo absolutorio. En el cuarto trimestre del año se dictaron cinco sentencias, dos fueron condenatorias y tres absolutorias.