En un recurso de 27 páginas al que ha tenido acceso Servimedia, esta fundación también asegura que el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar a Franco es contrario al acuerdo de España con la Santa Sede, firmado en 1979, puesto que “viola” la condición de “lugar sagrado” del Valle de los Caídos.

La entidad recurrente pide suspender de la “ejecutividad” del acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019 por el que se acordó la exhumación de Franco, medida que el Gobierno dijo posteriormente que se ejecutará el próximo 10 de junio.

La Fundación argumenta que el Supremo debe suspender esta exhumación y pronunciarse sobre el fondo del proceso, que es la negativa de la familia a sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o, en su caso, llevarlo a la catedral de la Almudena, algo que rechaza el Gabinete de Sánchez.

“DERECHOS” DE LA SOCIEDAD

Según el escrito presentado, si el Supremo “no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad de quien ha representado parte fundamental en la historia de España sin la cual no podría entenderse el actual régimen constitucional, en el supuesto de que la sentencia fuera estimatoria de nuestras pretensiones de nulidad”.

“Es evidente que la Historia, con mayúscula, no puede ser alterada ni ocultada por un acuerdo gubernamental”, añade el recurso, que afirma que no suspender la exhumación traería “daños irreparables” no sólo para la familia de Franco, sino también “para los derechos morales de la sociedad en su conjunto”, ya que “de tal manera la tutela judicial efectiva no quedaría satisfecha”.

La entidad recurrente sostiene que el Supremo, en una resolución sobre este caso de diciembre pasado, ya señaló que “no podrá ser ejecutada la exhumación sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar” y el tribunal “se haya pronunciado al respecto”.

El recurso añade que el hecho de que el Gobierno haya fijado la exhumación para el 10 de junio es “un claro desprecio al Poder Judicial y, evidentemente, al principio de separación de poderes”, algo que la Fundación Franco atribuye al intento del Gobierno de hacer de este asunto “una bandera estrella para las elecciones generales venideras”.