Además, 16 personas con discapacidad intelectual tomaron la palabra para explicar a los eurodiputados sus demandas y para preguntarles expresamente por cuestiones como el empleo, la participación política, al acceso a la educación y a la justicia, el disfrute de una vida independiente, la promoción de la autonomía, la lucha contra la discriminación y el disfrute de la vida sexual y familiar.

Xabier Orno, Laura Meroño, Mónica Antequera, Luis Antonio Muñoz, Gloria Acuña, Patricia Gasco, Oracio Peláez, Carlos de la Torre, Juan Francisco Revenga, Marta Sancho, Teresa Cifuentes, Blanca Torres, Esmeralda Luis Medina, Víctor Sanz, Mónica Valverde y José Manuel Ávila interpelaron a los eurodiputados reclamando medidas para solucionar sus principales problemas.

En primer lugar, Orno y Meroño quisieron saber la opinión de los parlamentarios sobre la directriz de la Junta Electoral Central (JEC) que permite a los miembros de las mesas electorales y a los apoderados de los partidos dejar constancia en el acta del escrutinio, si así lo sospechan, de que una persona con aparente discapacidad "no ejerce el voto de forma libre, consciente y voluntaria".

Los cuatro políticos criticaron la medida y pidieron su retirada, igual que Maribel Cáceres, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión, para quien la norma "supone una nueva barrera después del paso tan importante que habíamos logrado". A su juicio, la instrucción "estigmatiza" a las 100.000 personas con discapacidad incapacitadas judicialmente que tras la reforma de la Ley Electoral en diciembre habían recuperado su derecho al voto.

Según Rosa Estarás (PP), la norma es "una barbaridad". "Discrimina a las personas con discapacidad y supone no haber entendido nada de lo que significa la igualdad de oportunidades". Cuando se cambió la ley, fue para que unas 100.000 personas con discapacidad pudieran votar "sin pedir nada más, como el resto de la población". "Si se pone en duda la libertad en el ejercicio del voto de las personas con discapacidad intelectual, ¿por qué no la de mi madre?", se preguntó.

Maite Pagazaurtundúa (UPyD) explicó que "a la hora de votar hay gente que se pone muy nerviosa". "He visto con mis propios ojos cómo una señora metía el DNI en lugar de la papeleta electoral y otra una estampita de la virgen". "Y a nadie se le ocurre" poner en duda su capacidad, recalcó.

Para Paloma López (IU), la ley electoral "plantea muchos problemas, como lo que sucede con las personas que viven en el extranjero, que tienen que rogar su voto". La prohibición de votar a las personas con discapacidad que habían sido incapacitadas era "una discriminación" y acabar con ella fue "un paso muy importante".

Por ello, López lamentó que "ahora la Junta Electoral ponga una nueva barrera", al permitir que los miembros de las mesas electorales registren el DNI de aquellas personas con discapacidad sobre cuya libertad y voluntariedad a la hora de votar consideren que existan dudas. "¿Por qué no dudar entonces de las personas mayores?". "Nada ni nadie puede limitar vuestro derecho a dar vuestra opinión".

Juan Fernando López Aguilar (PSOE) pidió permitir a las personas con discapacidad intelectual votar igual que a los demás. "¿Quién es nadie para juzgar el entendimiento de los demás?", inquirió. En su opinión, esta directriz de la Junta Electoral Central obedece a "un prejuicio que hay que remover".

La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, quiso dar la bienvenida a las 100.000 personas con discapacidad que recuperaron su derecho al voto con la reforma electoral y aseguró que "estamos encantados de contar con vuestra opinión" en las próximas elecciones.

Por ello, Andrés les animó a participar en los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo y en las elecciones generales del 28 de abril, a la vez que abogó por el cambio de directriz de la Junta Electoral Central.

DEBATE EN PROFUNDIDAD

En el coloquio, organizado por Plena Inclusión, se abordaron diversos temas que afectan al colectivo de personas con discapacidad intelectual, tales como el acceso a la salud y al empleo, el disfrute de una vida independiente, la promoción de la autonomía personal, el derecho a una sexualidad plena, la educación inclusiva, su participación en política, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y la discriminación de las personas con discapacidad.

Así, por ejemplo, Esmeralda Medina y Víctor Sanz pidieron a los parlamentarios que se imaginasen cómo sería su vida si les mandasen "a vivir a una residencia a muchos kilómetros de su familia y sus amigos".

En su respuesta, López apostó por el alojamiento en pisos tutelados en lugar de en residencias o en centros institucionalizados, y pidió más recursos que garanticen la extensión de estas viviendas en comunidad, donde la tutela se ejerce a turnos. Indicó que el alojamiento en instituciones "es adecuado solo en algunos casos", y que lo importante es que los expertos hagan una valoración adecuada para determinar la mejor solución.

Pagazaurtundúa apostó por "tener el mínimo de institucionalización y el máximo de pisos tutelados", y defendió el derecho de las personas con discapacidad intelectual "a vivir de forma autónoma y a tomar sus decisiones con los apoyos precisos".

Para Estarás, es importante que estas personas accedan "a la vida independiente", por lo que considera adecuada la figura del centro tutelado. Con todo, insistió en que para que este modelo funcione hace falta más presupuesto público y que los políticos den prioridad a esta opción.

Finalmente, López Aguilar resaltó la importancia de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y reivindicó el derecho de estas personas a disponer de la figura del asistente personal, a vivir en una vivienda tutelada dentro de su comunidad y a que los cuidadores que les atienden sean remunerados y reconocidos.

En cuanto a las preguntas de Gloria Acuña y de Patricia Gasco sobre el derecho a la sexualidad y a la vida familiar, López Aguilar consideró que la esterilización forzosa es "una brutalidad" e "increiblemente hay ordenamientos jurídicos que aún la contemplan" como supuesto legalmente aceptable, entre ellos, el español.

Por ello, abogó por "remover esta forma de discriminación" y reformar el Código Penal para tipificar como delito la esterilización forzosa de las personas con discapacidad. Dijo entender la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables, pero "hemos de encontrar el equilibrio entre proteger lo que tiene que ser protegido y pisotear un derecho inalienable como es el de disfrutar de la sexualidad o ser padres o madres".

Por su parte, Estarás calificó las esterilizaciones forzosas de "acto cruento e inaceptable" y defendió el derecho a la sexualidad y a la afectividad.

EDUCACIÓN Y EMPLEO

Los cuatro eurodiputados pidieron también más fondos que garanticen una educación inclusiva y de calidad a las personas con discapacidad. En su intervención, López resaltó los avances conseguidos durante los últimos 30 años, empezando por la creación de la rama de Educación Especial en Magisterio. Sin embargo, reconoció que "aún queda mucho por hacer para lograr una auténtica educación inclusiva" y criticó los continuos cambios en las leyes educativas. "Así no da tiempo a que se consolide un modelo integrador", subrayó. "En cualquier caso, la ley educativa tiene que tener recursos para llevarla a cabo".

Recordó que "si no tenemos recursos para logopedas, fisioterapeutas o profesores de apoyo en los colegios ordinarios, no podemos educar en diversidad, no podemos garantizar a estos alumnos una educación de calidad en igualdad de condiciones".

Estarás coincidió en que "faltan recursos", pues "no puede ser que el profesor auxiliar vaya dos horas a clase y después se marche. El apoyo se necesita durante todas las horas lectivas, para que los niños con discapacidad intelectual puedan seguir el ritmo ordinario".

A su juicio, el modelo tiene que ser "el de escuela inclusiva y eso significa que cada niño tenga los apoyos que necesita en clase y todos el mismo profesor. Y esto no siempre es así. En España a veces no se cumple".

Finalmente, López reclamó más vigilancia para que las empresas cumplan con las cuotas de empleo reservado para personas con discapacidad, "en todas las categorías profesionales, no solo en las más bajas".

En su opinión, los Centros Especiales de Empleo "deben servir de tránsito hacia el empleo ordinario", y "hemos de conseguir que desde Europa lleguen fondos suficientes” para que las personas con discapacidad puedan trabajar en cualquier entorno laboral, "siempre con los apoyos que precisen".

En cuanto al acceso a la salud, Maite Pagazaurtundúa pidió que "la tarjeta de discapacidad europea sea una realidad que funcione de forma efectiva, para que cuando alguien se traslada a otro país "no tenga que empezar todo el papeleo".