Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que insistió en que el Gobierno acuerda la exhumación de los restos de Francisco Franco en cumplimiento del Real Decreto-ley 10/2018 y del acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo para la exhumación de sus restos mortales.

Calvo señaló que la familia ha sido incapaz de designar un “destino compatible con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana”, una vez que han expirado los sucesivos plazos de los que ha gozado para hacerlo. Sostuvo que el cementerio de Mingorrubio-El Pardo permite garantizar “las condiciones de dignidad y respeto” al contar con “unidades de enterramiento cerradas”, como lo es el lugar donde reposan los restos de Carmen Polo, esposa del dictador, “garantizando también la intimidad de los familiares”.

Asimismo, la vicepresidenta remarcó que “no afecta” en el procedimiento de la exhumación la decisión de un juez de paralizar la exhumación por la falta del permiso de obras porque, según fuentes gubernamentales, de acuerdo a la ley del suelo la administración no pide licencia de obras y no la necesita para la exhumación.

El Ejecutivo, según fuentes, considera que “presumiblemente” el Tribunal Supremo se pronunciará antes del 10 de junio sobre el recurso presentado por las familias, al que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días sus alegaciones. El Gobierno cree que “lo normal” es que el Alto Tribual “no acepte las medidas cautelares” de paralización del proceso pedidas por la familia porque el expediente jurídico es “impecable” y “no hay daño” para la familia con un proceso “irreversible”. En este contexto, recuerda que un juez revocó la exhumación del general Sanjurjo y que sus restos volvieran a Pamplona. No obstante, Calvo adelantó que “estamos siempre para acatar las resoluciones judiciales”.

POSICIÓN 'OBSTRUCCIONISTA'

La vicepresidenta señaló que todo el proceso habría sido “más rápido” si la familia no hubiera adoptado una posición obstruccionista con “todas sus discrepancias” y subrayó que están “satisfechos” porque se trata del cumplimiento de las leyes y ésta es una “decisión del Gobierno, sin más”.

La ‘número dos’ del Ejecutivo explicó que la fecha acordada es para que la exhumación “no” coincida con los procesos electorales del 28-A y del 26-M, y para que haya margen para garantizar la tutela efectiva de los familiares.

Se mostró convencida de que la exhumación se producirá en el caso de que sea otro Gobierno el que esté al frente del Ejecutivo en el momento en que se debe producir porque “esta decisión, mientras sea legal, la tiene que cumplir cualquier gobierno”.

“Cualquier gobierno que esté en esas fechas del 10 de junio, a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tiene que hacer. Se trata de que, estando en vigor jurídico, hay que hacerlo. no hay más que esto porque estamos en un Estado de Derecho y solo cabe o la modificación o la ejecución, no hay otra posibilidad en la seguridad jurídica en la que se mueve un Estado como el nuestro”, zanjó.

SIN IMAGÉNES

Calvo insistió en el “respeto” a los restos durante el proceso de exhumación y posterior inhumación. Por ello, no se permitirá el acceso a los medios de comunicación y se adoptarán medidas para evitar la captación de imágenes y sonido.

Si bien el Ejecutivo permitirá a la familia estar presente si lo desea, así como “si quiere y decide” la celebración de una “breve” e “íntima” ceremonia, si quieren religiosa, en la reinhumación. El fin, dijo, es "preservar la intimidad" de la participación de la familia y "de los restos del dictador".

La reinhumación de Franco será donde ha fijado el Gobierno pese a que la familia insistió el pasado 7 de marzo, en un escrito remitido al Ejecutivo, su deseo de hacerlo en la cripta de catedral de la Almudena de Madrid. Pero el Ejecutivo rechaza esa opción por seguridad y ha decidido el panteón en Mingorrubio como "destino alternativo compatible" con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, puesto que se trata de un lugar de "titularidad estatal".

Además, según trasladaron a Servimedia fuentes del Ejecutivo, en el Gobierno sostienen que Franco dejó constancia de que quería ser enterrado junto a su mujer Carmen Polo, cuestión de la que también es consciente el Arzobispado de Madrid y la familia; pero que fue decisión del entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro el que fuese enterrado en el Valle de los Caídos.

FUTURO DEL VALLE

La exhumación de Franco era una “acción preferente” para que en el Valle de los Caídos sólo quedarán restos de personas “de uno y otro bando” que fueron víctimas de la contienda. El Ejecutivo quiere que el Valle sea un lugar “de memoria” y de “respeto” para los que allí están enterrados por la contienda y era una “perturbación” que estuviera Franco.

“Hemos empezado por el trabajo más urgente”, explicó la vicepresidenta, que era “sacar al dictador” porque “perturbaba con su existencia”.