En el texto del recurso, se dirige denuncia contra Torra y otros funcionarios o autoridades que en conocimiento pleno del “deber de mantener la neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral” y del acuerdo de la JEC “produzcan, permitan o amparen, con su acción u omisión, la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios o espacios públicos”.

El PP solicita a la Fiscalía que proceda a abrir las diligencias correspondientes que conduzcan al “esclarecimiento de los hechos” y a “ordenar la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos y a su gravedad, por su afectación al principio de elecciones libres”.

El partido de Pablo Casado pide que se dirija la investigación hasta su conclusión y ejercitando ante los órganos judiciales que proceda las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de actividades delictivas, requiriéndoles también el mandato efectivo de la retirada de “simbología partidista” de los edificios públicos de Cataluña.

Los populares piensan que se ha podido incurrir en la comisión de un delito de negación de auxilio a requierimiento de la autoridad competente o, subsidariamente, de un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal.