En un comunicado, la ONG apuntó que el artículo 57.6 de la Ley 4/2000 de Extranjería señala que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando “afecte a las mujeres embarazadas o cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre”. Por tanto, en función del marco normativo no se podría expulsar a mujeres embarazadas, apuntó, aunque "no dudamos que se hayan realizado, ya que como se ha reiterado otras veces, la legislación internacional y nacional de extranjería y protección internacional en ocasiones no se cumple y normalmente se interpreta en sentido restrictivo". Pese a todo, "no tenemos conocimiento de ningún caso así", recalcó la ONG.

Por otro lado, subrayó que los principios generales del derecho y la legislación nacional e internacional protegen el interés superior del menor y que "incluso teniendo decretada una expulsión, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se ejecuta o se puede recurrir y revocar si se cumplen determinados requisitos, como los de arraigo social o solicitud de asilo". Por ello, "consideramos que esta medida podría llevar a mujeres a una mayor situación de vulnerabilidad y exclusión social", concluyó.