Durante su declaración como testigo, Trapero rechazó que diese órdenes contra las instrucciones de la Fiscalía, pero explicó, en relación a las instrucciones del Ministerio Público, que entre las actuaciones que solicitaban se encontraba realizar un cerco de 100 metros para evitar los accesos a los colegios. Actuación que para ser llevada a cabo, continuó, “cuantificamos en 40.000 efectivos”, que “lógicamente no disponían de ellos”, indicó Ortega Smith, “claro que no”, afirmó Trapero.

En la reunión del 27 de septiembre, explica el informe que hacen los mossos respecto “a una serie de problemas que se podían dar”, pero “la tarde del 27 cesan las instrucciones de Fiscalía”, de modo que “ese escenario de la Fiscalía dejo de existir”, pero “¿los 40.000 policías seguían siendo necesarios?”, cuestionó el letrado. Ante esto, Trapero subrayó que el escenario previsto por la Fiscalía “no tiene nada que ver con el de la orden del mandato judicial” y agregó que evitar el 1-O “se puede hacer de muchas maneras”.

Como ejemplo de la diferencia entre el mandato judicial y las instrucciones de la Fiscalía, Trapero indicó que el Ministerio Público “dice que había que hacer un cerco de 100 metros alrededor de los 2.300 colegios electorales desde el viernes. Una serie de cosas que el mandato del TSJC no recogía, era un instrucción sencillamente diferente”. Ante esta situación, y en base al auto del TSJC, el exmayor de los mossos explicó que plantearon “los problemas” en la reunión del día 27 de septiembre.

Respecto a los datos de colegios electorales cerrados, Trapero indicó que los que inicialmente se transmitieron al TSJC, el día 10 de octubre, eran “provisionales”. En un principio, apuntó, “eran 139 colegios” cerrados durante el 1-O, de los que “24 no se llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla de los mossos de ese día y 104 por actuaciones de la Brigada ARRO”. Asimismo, “creo que más de 250 no llegaron a abrir”. Sobre ello, añadió con ironía, “entendemos que alguna cosa tiene que ver con el trabajo previo del fin de semana”.

Además, resaltó que se incautaron “432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, cuatro ordenadores, un teléfono móvil y documentación alguna de interés, porque explicaba bastantes cosas de cómo funcionan ese proceso”.

Respecto a la supuesta modificación de 11.000 actas levantadas por los mossos durante el 1-O, Trapero subrayó que eso “no es cierto”, ya que “las 11.000 actas originales están depositadas en el TSJC, lo que escribieron los mossos está allí depositado desde que dirigimos allí las actuaciones y la documentación”.

Sin embargo, matizó, “hubo un equipo que, a partir de la elaboración de las actas, estuvo trabajando sobre esos datos” y “cuando empiezan a leer las actas para contar, ven que no recogen la actividad de la comisaria”, de modo que ese equipo “elabora una ficha para que el jefe indique el refuerzo, el número de patrullas, y a partir de esas fichas se sacan datos definitivos”, que modifican los provisionales trasladados al TSJC el día 10. Sobre esto, el exmayor de los mossos afirmó que la prueba de esos últimos datos, enviados el 27 de octubre, “son más fiables” es que “están hechos desde la honestidad y son inferiores” a los inicialmente comunicados.