Según el documento publicado por la asociación, también figuran como ejes principales la reducción “de trabas y cargas administrativas”, la disminución de la presión fiscal, el régimen sancionador de la morosidad e iniciativas de “segunda oportunidad”.

Para ATA, “en 2018 la ley de autónomos que entró plenamente en vigor en enero de ese año ha facilitado no sólo que surjan 52.725 nuevos emprendedores sino que muchas actividades se consoliden y ganen en tamaño, contribuyendo así al crecimiento económico aún más si cabe”. Sin embargo, considera que las expectativas para 2019 “son menos halagüeñas”.

Sobre la posible implantación de un sistema de cotización en función de los ingresos reales del colectivo, ATA mostró su reticencia al considerar que “si bien entendemos que sería lo más equitativo, la dificultad técnica de establecer de forma fehaciente los ingresos de los autónomos, por la incertidumbre de los mismos, podría derivar en graves consecuencias y en un incremento de las cotizaciones para el 70% del colectivo”. En su lugar, la asociación de autónomos considera que son “la pedagogía y los incentivos son la mejor forma de aumentar la contribución al sistema por parte de los autónomos, todo lo demás sólo produciría que muchos saliesen del mismo”.

Así, entre las propuestas relativas a incentivos al emprendimiento, ATA propone establecer la obligatoriedad de darse de alta en el RETA a todos los trabajadores por cuenta propia a efectos registrales, sea su actividad habitual o no; implantar una ‘Tarifa 0’ para autónomos no habituales, por la que estarían exentos de cotización aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual y puedan demostrar no haber realizado su actividad de forma continuada. Además, también propone una ‘Tarifa 30’ para estudiantes menores de 25 años que estén cursando estudios universitarios, superiores reglados o FP; así como una ‘Tarifa 60’ para autónomos con ingresos inferiores al SMI durante dos años prorrogables. Asimismo, también se propone aplicar la tarifa plana a los autónomos que contraten a su primer trabajador.

Además, ATA también propone incentivos al emprendimiento femenino, como establecer una tarifa plana de 30 euros durante 24 meses para las trabajadoras autónomas del ámbito rural; promover la igualdad en el acceso a todas las ayudas para trabajadoras autónomas; y ampliar la tarifa plana de 60 euros de 12 a 24 meses para las autónomas que se reincorporen a la actividad tras la maternidad.

PROTECCIÓN SOCIAL Y FISCALIDAD

En lo referente a protección social y sostenibilidad del RETA y el sistema de pensiones, ATA propone que las cuotas de los autónomos societarios sean deducibles en el Impuesto de Sociedades cuando exista proporcionalidad entre su base de cotización y los rendimientos que obtiene de la sociedad. Otras propuestas en este eje son el envío anual del informe laboral del autónomo con simulación de cuantías de prestaciones; permitir aportaciones voluntarias al RETA; ampliar la jubilación activa al 100% de los autónomos; el cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral; o establecer un subsidio de seis meses para aquellos autónomos que hayan agotado su prestación por cese de actividad.

En materia fiscal, ATA propone establecer una forma jurídica de tributación simplificada compatible el hecho de asociación de dos o más autónomos, evitando “el mal uso de figuras como las cooperativas o las comunidades de bienes”; garantizar los aplazamientos de IVA para autónomos; impulsar los medios de pago electrónicos; la deducción en el IRPF del 100% del gasto de su vehículo cuando éste sea eléctrico; o que los nuevos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros anuales queden exentos de tributar IVA durante los 24 primeros meses de actividad.

Además, la asociación de autónomos también aboga por aumentar la lucha contra la morosidad y mejorar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, haciendo que sea verificado en cualquier inspección de Hacienda.

Por último, ATA realiza también propuestas relativas a segunda oportunidad, como la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales con posibilidad de exención de pago de los intereses y recargos por impago, mientras se respeta el principal de la deuda; y la implantación de mecanismos de prevención de quiebra y segunda oportunidad.