Royo está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Decidió pese a ello “contestar todas las preguntas". Y ya en respuesta a la fiscal Consuelo Madrigal, explicó que Diplocat está financiada con dinero público “entre el 85% y el 90%". Según Royo, la “diplomacia pública” que desarrolla esta entidad no tiene que ver con la diplomacia en estricto sentido que ejercen los Estados.

El ministerio público trata de acreditar que Diplocat dependía directamente del Gobierno catalán. Mientras que el testigo sostiene que se trata de un órgano multidisciplinar e independiente con la participación de entidades de toda naturaleza, tanto empresariales como docentes o sindicales, la fiscal Madrigal le preguntó por su financiación y presidencia. Royo acabó indicando que la Generalitat ostenta el 50% de los votos del consorcio Diplocat, que es de naturaleza pública y privada, que su presidente es el del Govern y que el Ejecutivo catalán es el que puede decidir su disolución.

El secretario general de Diplocat relató que su objetivo “era hacer diplomacia pública: una práctica que nace en los años 60 en EEUU, poco conocida aquí, y que tiene como objetivo reconocer los activos de un territorio para atraer interés, talento, inversiones y establecer lazos de confianza entre la sociedad civil de este territorio con otro".

Además, insistió en varias ocasiones en que el presupuesto de este organismo no lo decidía el Govern, sino que se decidía por consenso con el resto de entidades y asociaciones que hacían aportaciones, entre ellas fundaciones de cajas de ahorro, universidades catalanas, el Barça, entidades empresariales, etc.

Royo aseguró que "siempre” hubo “una cierta tensión entre el Govern y el Diplocat. El Govern nos pedía trabajar más estrechamente, pero nos debemos a todos los patrones”. En relación a su presupuesto, indicó que en 2017 "la aportación fue de 2,1 millones de euros, 400.000 euros menos que en el 2016". Desmentía así unas declaraciones del exconseller de Exteriores Raül Romeva, que aseguró que la Generalitat aportaría tres millones de euros.

En respuesta a la Fiscalía, Royo rechazó haber pagado ningún honorario a observadores internacionales. "Nunca contratamos a observadores electorales", aseguró tras negar que se pagaran con una tarjeta de crédito de Diplocat gastos de los observadores internacionales del 1-O. Reconoció sólo pagos a un observador, pero por su participación en un foro que nada tenía que ver con el referéndum.

Admitió que "el Govern me preguntó si conocíamos alguna entidad de observadores internacionales” para hacer una “observación electoral”. Royo sugirió el nombre de una organización que envió un presupuesto. Hubo entonces un "intercambio de correos" con el entonces consejero de Acción Exterior, Raül Romeva, “pero no hubo acuerdo porque la entidad que buscamos se negó a participar porque el referéndum no fue pactado con el Gobierno”.

La fiscal preguntó a continuación por los pagos de 40.000 euros con cargo a la una tarjeta de crédito de Diplocat. Royo reconoció el pago de vuelos y hoteles, pero insistió en que "no fue una observación internacional" con motivo del referéndum, sino que se trató de “un programa de visitantes internacionales, una actividad habitual del Diplocat, la hacíamos casi cada mes". En ese momento los visitantes estuvieron en Cataluña "entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017" porque “querían estar en esas fechas en Cataluña para saber lo que sucedía", al igual que hubo visitantes con motivo de “hechos noticiables” como la festividad de “Sant Jordi o la apertura de las fosas de la Guerra Civil...".

Royo también dio explicaciones del pago a una empresa británica de 54.030 euros para que Wim Kok, ex primer ministro de los Países Bajos, visitara Cataluña en las jornadas aledañas al referéndum. Indicó que la cantidad fue devuelta porque finalmente, Kok “optó por otras propuestas profesionales".

“Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum. Nos limitamos a explicar nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional", argumentó con convicción.

Este miércoles también estaba citado como testigo el representante de la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj, pero finalmente no compareció, como anunció ayer su abogada Judith Gené, y se acogió a su derecho a no declarar, ya que está investigado en la causa del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.