Así se expresó Llardén en una rueda de prensa donde destacó que tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló los pagos, “seguimos prestando el trabajo por una cuestión de profesionalidad, porque no podemos dejar una infraestructura sin seguridad”.

A este respecto, tras recordar que la sentencia del Constitucional se produjo por un defecto de forma en relación con el real decreto con que se aprobaron estos pagos, que rondan los nueve millones de euros anuales, aseguró que “vamos a obedecer siempre las instrucciones que recibamos por parte del regulador y del Ministerio”.

En esta línea, señaló que tras la decisión del Gobierno de no volver a reabrir el almacén, ahora se debe proceder a renovar los tapones provisionales que se aplicaron a los 12 pozos del Castor.

Según recordó, en el momento en que se decidió dejar el almacén en hibernación se procedió a un sellado provisional por un periodo de tres o cuatro años, plazo que está cerca de cumplirse.

Por ello, ahora se deben volver a colocar estos tapones provisionales o proceder definitivamente al sellado, algo que debe decidir el Ministerio, que parece abogar por la segunda opción.