Según informó el regulador en un comunicado, se trata de las empresas Toro y Betolaza SA, Félix de Inchaurraga SL, García Munté Energía SL, Grafitos Barco SA, Candel Energía SL, Cementos Tudela Veguín SA y Capex CGC SL, que podrían haber realizado acuerdos de reparto del mercado, acuerdos de fijación de precios e intercambio de información comercial sensible en el mercado.

En concreto, la conducta se habría producido en el mercado de la comercialización de coque metalúrgico, coque de petróleo, hulla, antracita, espumantes y recarburantes en el territorio nacional desde, al menos, 1999 hasta, al menos, 2018. Dichos productos son diferentes tipos de combustibles sólidos utilizados en diversas actividades económicas, en general como fuente de energía o como insumo para la producción de otros bienes.

La CNMC indicó que desde el pasado mes de octubre ha realizado inspecciones en las sedes de distintas empresas ante la sospecha de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas prohibidas por las leyes de Defensa de la Competencia. Tras la incoación del expediente, se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

La CNMC destacó que la lucha contra los cárteles constituye una de sus prioridades de actuación, “dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados”.