La norma busca desarrollar los criterios de presentación en su balance de dichos instrumentos financieros y aclarar además las numerosas implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital.

En particular, se precisa el tratamiento contable de las diferentes aportaciones sociales (atendiendo a su distinta naturaleza y finalidad), las operaciones con acciones y participaciones propias de la entidad o de la dominante, la subsanación de errores, la aplicación del resultado, las operaciones de aumento y reducción del capital, de emisión de obligaciones, disolución y liquidación, y modificaciones estructurales (tales como las operaciones de fusión y escisión).

Los criterios los fija el ICAC a través de una resolución que entrarán en vigor con el estreno del año 2020, alineando además dichos requisitos con la normativa internacional de referencia adoptada por la Unión Europea y que deberán ser seguidos tanto por las empresas españolas que emiten los instrumentos como por el socio o inversor que los suscribe o adquiere.

Hasta la fecha, no existía en España una normativa completa de las implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital. Con su entrada en vigor se mejorará la calidad y transparencia de la información financiera publicada por las empresas "facilitando a los usuarios de dicha información la toma de decisiones económicas al dotar de mayor seguridad jurídica el registro contable de estas operaciones, cuyas implicaciones contables son relevantes", refirió el ICAC.

Entre otros aspectos, aclara cómo deben las empresas tratar contablemente las distintas operaciones e instituciones contempladas en la regulación mercantil, desde el capital que reciben al emitir sus instrumentos financieros para financiar sus actividades, hasta las magnitudes que deben tener en cuenta a los efectos de distribuir el beneficio entre sus socios.

El ICAC detalló que antes de formularla ha consultado y contado con la participación de un numeroso grupo de expertos representativos de todos los usuarios afectados por la norma, entre los que figura el Ministerio de Justicia, catedráticos de contabilidad, economistas, representantes de los tres organismos supervisores (CNMV, Banco de España y la dirección general de Seguros y Fondo de Pensiones), de empresas cotizadas y de asociaciones de emisores.