“Una demora de 18 meses es dramática, sobre todo cuando las parejas tienen hijos. Una respuesta rápida y eficaz a través de una Jurisdicción especializada evitaría en gran medida la violencia de género, doméstica e intrafamiliar. Creemos que los retrasos y las rupturas mal gestionadas están relacionadas directamente con la escalada de la violencia entre padres e hijos", afirmó este sábado la presidenta de la asociación, María Dolores Lozano.

Por este motivo, la asociación reclama la creación de la Jurisdicción especializada de Persona, Menores y Familia, regulando las pruebas selectivas de especialización de jueces, magistrados, fiscales y equipos psicosociales.

Las diferencias de tiempo entre órganos especializados y generalistas también se mantienen en las rupturas consensuadas, destacó la organización en una nota. De hecho, el 85% de los divorcios de mutuo acuerdo es resuelto por los juzgados de primera instancia especializados en menos de seis meses, porcentaje que desciende al 49% cuando se ventilan desde los generalistas.

Asimismo, el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad, en gran medida por el uso de la vivienda.

El I Observatorio del Derecho de Familia en España también arroja datos sobre el grado de hostilidad de las parejas cuando abordan los procesos de divorcio. Así, el 97% de los divorcios tiene un nivel de conflictividad alto o muy alto en parejas con hijos. El nivel de enfrentamiento alto o muy alto se limita a solo el 16% de los casos cuando no hay descendencia de por medio.

"La conflictividad en los divorcios de parejas con hijos viene motivado por la disputa en el régimen de custodia de los hijos (sistema monoparental o guarda compartida) y por las medidas económicas consiguientes: el uso de la vivienda familiar y la pensión de alimentos de los hijos, principalmente", señaló Lozano.

El 76% de los abogados encuestados sostiene que la litigiosidad sobre la custodia de los hijos es menor cuando está resuelto el problema de la vivienda.

Por todo ello, Aeafa insiste que las leyes vigentes “no son útiles" para abordar la problemática que generan las crisis familiares.