A su juicio, dicha medida continúa siendo la "prioridad" para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo "sin tener que depender de la decisión anual del Gobierno de turno", junto a derogar el factor de sostenibilidad en los términos fijados con la regulación del 2013 y establecer medidas que "garanticen el equilibrio financiero del sistema en un plazo máximo de tres años".

En este sentido, emplazó "muy especialmente a las organizaciones empresariales", pero también al "conjunto de partidos políticos que se presentan a las elecciones" y conformarán el futuro Gobierno, para que recuperen el "diálogo y concertación político y social que garantice la confianza que los ciudadanos deben tener en el sistema público de pensiones".